El populismo de Petro en época electoral hace insostenible la economía colombiana en el mediano y largo plazo, principalmente para los más pobres.
El reciente enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo), en cabeza del ministro de hacienda (@MinHacienda), y el Banco de la República (@BancoRepublica), a propósito del incremento en las tasas de interés a finales de marzo, no es un simple desacuerdo técnico. Es una tensión entre dos concepciones de los tiempos políticos y económicos. De un lado, la urgencia electoral del presidente; del otro, la responsabilidad institucional frente al futuro.
El Banco de la República, en cumplimiento de su mandato constitucional —“mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, coordinando sus funciones con la política económica general”— decidió elevar las tasas de interés como mecanismo para contener las presiones inflacionarias. No es una medida popular. No estimula el consumo inmediato ni abarata el crédito. Pero sí preserva algo más valioso: la estabilidad del poder adquisitivo de los ciudadanos en el largo plazo.
Y los datos de la primera semana de abril refuerzan esa necesidad. Según el propio Banco de la República, la inflación anual en marzo de 2026 se ubicó en 5,6%, casi el doble de la meta del 3%. Esto evidencia que la economía colombiana aún enfrenta presiones inflacionarias significativas. Friedrich Hayek, al recibir el Premio Nobel, advirtió: “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario que termina erosionando la confianza en las instituciones”.
En otra orilla ideológica, el gobierno ha cuestionado esa decisión bajo el argumento de que frena la inversión, el crecimiento y el bienestar inmediato. La lógica es clara: tasas de interés más bajas significan más crédito, más consumo y mayor dinamismo económico. Sin embargo, esta mirada —comprensible políticamente en época electoral— ignora una dimensión fundamental en la actualidad, la sostenibilidad.
Si entendemos la sostenibilidad como “la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras”, entonces la política monetaria no puede evaluarse sólo por sus efectos inmediatos. Reducir tasas en un contexto inflacionario puede generar alivios momentáneos en el presente, pero a costa de deteriorar el valor de la moneda, afectando en el futuro a quienes se pretende proteger. La inflación representa un obstáculo crítico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), afectando directamente la pobreza (ODS 1), el hambre (ODS 2) y el crecimiento económico (ODS 8).
Y aquí está el punto más crítico: la inflación castiga de manera desproporcionada a los más pobres. Para quienes viven del ‘día a día’, sin capacidad de ahorro ni mecanismos de protección, cada punto de inflación es una pérdida real de bienestar. En ese sentido, la inflación funciona como un impuesto silencioso y regresivo, que erosiona su capacidad no solo de satisfacer necesidades presentes, sino —de forma aún más grave— de sostener condiciones mínimas de vida en el futuro.
Petro pretende expandir la economía en época electoral para elegir a Iván Cepeda (@IvanCepedaCast), sin asumir que costos de sus decisiones las pagará el próximo gobierno. En ese sentido, el debate no es sólo técnico, sino también ético.
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