La semana pasada el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno nacional tiene pensado implementar una política que consistiría en otorgarles una renta a jóvenes que estén involucrados con bandas criminales. “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena” dijo Petro desde Buenaventura. El anuncio indignó a un sector de la opinión pública y fue calificado como un disparate. ¿A quién se le ocurre pagarle a una persona para que no mate? ahora resulta que los malos van a ser premiados. Las reacciones se suman a la narrativa de presentar las negociaciones de paz que actualmente tiene el gobierno como una política de beneficios a criminales. En Colombia, con este gobierno, a los criminales les va bien.

Hay dos argumentos que se repiten en las afirmaciones de rechazo a este anuncio. El primero asegura que es un error explicar la delincuencia a partir de la pobreza. Es cierto que las condiciones materiales no derivan en características específicas, y que asumir esto, sería eliminar la agencia moral de las personas pobres, reduciendo su condición humana con argumentos clasistas. Sin embargo, investigaciones sobre homicidio y delito sí incluyen a la pobreza como una variable para tener en cuenta dentro de un fenómeno complejo. “Territorio, crimen, comunidad: heterogeneidad del homicidio en Medellín” liderada por Gustavo Duncan, Jorge Giraldo y Adolfo Eslava menciona a la pobreza como uno de los factores que incide en el homicidio en la ciudad. En esto coincide la investigación titulada: “Factores que inciden en el homicidio de jóvenes en Medellín” liderada por Andrés Felipe Lopera.    

El segundo argumento es que hay una especie de distorsión moral cuando el gobierno destina recursos en jóvenes vinculados al crimen organizado. Es inaceptable -bajo la premisa del castigo al delito- que se plantee algún tipo de incentivo para modificar un comportamiento. ¿Cómo es que ahora el gobierno va a priorizar recursos en delincuentes? Pues eso realmente no es un invento de este gobierno. Siguiendo con el caso de Medellín, varias administraciones han ejecutado dentro de sus planes de desarrollo acciones cuyo foco fueron jóvenes vinculados a estructuras criminales o en peligro de estarlo. “Jóvenes R”, “Ícaro” y “Parceros” fueron proyectos en donde se priorizaron recursos públicos para generar incentivos en jóvenes que estaban en riesgo de pertenecer a grupos criminales o que ya tenían algún tipo de conexión con ellos.

Estos dos argumentos no parecen entonces convincentes para oponerse a la medida anunciada por Gustavo Petro. Roberto Angulo en su columna* de la semana pasada expuso algunas objeciones apelando a la moral consecuencialista y a los incentivos perversos. Otras voces aseguraron que sería bueno que el presidente revisara cuáles programas de este tipo han funcionado en Colombia. El debate mejora cuando transciende el maniqueísmo y la estigmatización, y en esa medida, las políticas se benefician. Vendría bien también que Petro ajustara sus comunicaciones. La excesiva simplificación en su explicación de las políticas genera ruidos y confusiones que podrían evitarse y que nos alejan de las conversaciones de fondo.        

*Acá pueden leer la columna de Roberto Angulo: https://www.portafolio.co/pagar-por-no-matar-opinion-585829   

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-pablo-trujillo/