El 26 de julio de 2022, el alcalde de Medellín anunció que el 20 de octubre entrarían en funcionamiento las dos primeras unidades de generación de energía de Hidroituango. A hoy, 11 de noviembre, no ha iniciado ninguna de ellas.

Dos personas han retrasado arbitrariamente la obra con sus decisiones: el Contralor Felipe Córdoba con su fallo (sobre el que múltiples expertos han señalado deficiencias e imprecisiones, confirmando las sospechas sobre el tinte de persecución política que lo ha caracterizado) y el alcalde Quintero con su insensata obsesión de cambiar al constructor de Hidroituango, que a hoy no ha encontrado respaldo técnico, jurídico o económico para hacerlo.

Lo primero que hay que aclarar es que la Contraloría no encontró ni un indicio de corrupción o dolo en su fallo (aceptando implícitamente que fue un accidente), en los casi 3.000 folios no aparece una sola vez la palabra “corrupción”. El informe de Skava respalda esta posición al certificar que la contingencia se debió a un accidente, y con base en dicho informe la aseguradora Mapfre empezó a pagar el seguro. Sin embargo, el alcalde de Medellín ha tratado de insinuar corrupción en el manejo del proyecto, mintiendo reiteradamente sin que a la fecha haya podido mostrar una sola prueba que permita concluir que la causa de la contingencia fue la corrupción de gobernantes o contratistas y no razones imprevisibles e irresistibles de la naturaleza.

Este fallo pide a los servidores públicos que supieran más que los técnicos expertos en construcción de proyectos hipercomplejos. Para los abogados de la Contraloría las decisiones tomadas con base en las recomendaciones de los especialistas debieron ser ignoradas por los administradores, en palabras de Alonso Salazar, “la lógica de la Contraloría supone que, en mi caso, debí impedir que se ejecutaran decisiones tomadas por consenso por los expertos.”A falta de conceptos de expertos que condenen las decisiones, la Contraloría recurre al siguiente razonamiento absurdo:

En Hidroituango se presentaron desprendimientos de roca que obligaron a suspender la construcción. Para recuperar el tiempo, se implementó el plan de aceleración en 2015, que hasta 2018 no tuvo observaciones de los órganos de control. Hasta la contingencia se estaba cumpliendo con el cronograma y el presupuesto (algo admirable en una obra de semejante magnitud). La contingencia se produjo en abril de 2018, diez años después de que se inició el proyecto. Durante la contingencia, el túnel de desviación colapsó. La Contraloría no pudo probar que colapsó por defectos de construcción, diseño o materiales, ni por cuestiones relacionadas con corrupción. En consecuencia, tampoco pudo identificar una persona o empresa que fuera responsable directa. Entonces acude a la teoría de los “hechos sucesivos y concatenados” que, protagonizados por diversos actores desde 2008, condujeron al colapso de la GAD diez años después, convirtiéndolos en responsables a todos por igual.La carencia de análisis rigurosos llevó a la Contraloría a la suposición de que todo era previsible y que se hubiera podido evitar con más estudios, ignorando el factor de incertidumbre y riesgo inherente a los megaproyectos de ingeniería con obras subterráneas masivas como Hidroituango. Quienes han manejado este tipo de proyectos han dicho reiteradamente que el diseño y los ajustes terminan el día que se baja el interruptor para ponerlos en operación.

Este fallo y el cambio de contratistas ponen en riesgo la continuidad del cronograma del proyecto y su viabilidad, por el riesgo en el cuenco y el vertedero que implica un retraso en las obras por el empalme que debe hacerse entre los antiguos y los nuevos constructores (que demoraría entre 6 meses y 1 año según el informe Pöyry, toda vez que el nuevo constructor debe volver a contratar 3.200 trabajadores, equipos, maquinaria, etc), lo que implica un peligro enorme en caso de que falle la estructura del vertedero, que fue diseñado para descargas ocasionales y no para el paso permanente del rio. No obstante, el vertedero lleva más de 54 meses soportando la presión de todo el caudal del Cauca, situación que se mantendrá hasta que el agua empiece a pasar por las turbinas, por lo que cada día de retraso de la entrada en funcionamiento de estas, arriesgará con el resquebrajamiento de la losa del vertedero.

Desde la misma EPM se ha resaltado que un retraso en las obras por el cambio de contratistas implica un enorme riesgo constructivo, el propio vicepresidente de Generación indicó que desde lo técnico sería mejor continuar en las mismas condiciones; en igual sentido Osvaldo Ordóñez, geólogo y profesor de la Universidad Nacional, señaló el grave riesgo que representa para el proyecto el impacto sobre el cuenco, donde se descarga todo el poder del río Cauca, advirtiendo que demorar las obras podría causar un daño irreversible en esta zona, toda vez que la fuerza de la caída puede provocar una socavación que puede hacer el proyecto  irrecuperable. Lo anterior fue respaldado por el informe Pöyry, que señaló que la mejor alternativa para reducir el riesgo en el cuenco y el vertedero es habilitar lo más pronto posible las ocho unidades de generación.

El retraso en la entrada en funcionamiento del proyecto por el cambio de contratistas implica que las dos primeras unidades no operarían en la fecha comprometida (el 30 de este mes), lo cual pone al país al borde del racionamiento y no solo expone a EPM a multimillonarias multas de la CREG que ponen en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, sino que además retrasa el funcionamiento de la primera unidad, que generaría un millón de dólares diarios (hoy 5.000 millones de pesos) ¿Por qué arriesgar entonces a perder ese ingreso insistiendo con cambiar a los constructores?

El capricho de Quintero de cambiar a los constructores ocasionó además la salida del Banco Interamericano de Desarrollo del proyecto. El BID prendió alertas con la primera violación del Gobierno Corporativo, luego de que la Junta Directiva de EPM renunciara por la toma hostil del alcalde. Ante la noticia del cambio de contratistas, anunció que se retiraría de Hidroituango, cortando el flujo de recursos y cobrando por anticipado la inversión de 450 millones de dólares que había hecho en el proyecto, $1,7 billones que EPM tuvo que pagar anticipadamente, “En otras palabras, se cayó el crédito con la entidad financiadora.”

Otra consecuencia del fallo y de la demanda instaurada por Quintero contra los constructores (que en 3 años ni siquiera ha sido admitida por el Tribunal), es que de haber prosperado, las aseguradoras no habrían tenido que pagar un solo peso por la contingencia, aun cuando el proyecto tenía 3 pólizas con Mapfre por 14 billones de pesos –más de 3 veces el detrimento estimado por la Contraloría–que ya habían empezado a otorgar cobertura.

Desde agosto de 2020, la presidenta de SINPRO advirtió que el verdadero propósito del alcalde con la demanda era entregarle el contrato a una firma china. Los últimos acontecimientos han confirmado su advertencia: EPM cambió a los constructores y entregó las obras de las unidades 3 y 4 a Schrader Camargo, una empresa que está compitiendo en la licitación de las unidades 5 a 8 en llave con la firma china Yellow River. Aunque EPM ha dicho que el cambio de contratistas no implicaría retrasos para el proyecto, el cronograma entregado muestra que el inicio formal de las obras sería a comienzos de mayo (6 meses después).

Por su parte, la licitación para las unidades 5 a 8 incurre cada vez en más irregularidades: EPM ha alargado cinco veces el plazo para recibir ofertas (23 de junio, 27 de julio, 17 de agosto, 14 de octubre, 4 de noviembre y 7 de diciembre); además, la empresa china le solicitó a EPM que bajara los índices de experiencia que se exigían en el pliego, la petición fue aceptada y con la Adenda 7 se hicieron los cambios en la licitación: se redujo la exigencia de experiencia en construcción en dos obras de al menos 94.500 metros cúbicos en portales de túneles, canales, vertederos o puentes, a 28.350 metros cúbicos en cuatro obras y en “estructuras aporticadas” (menos complejas que las exigidas inicialmente). Se redujo también la exigencia de experiencia en excavaciones y construcción de pozos, túneles o cavernas: pasando de un área mínima de túnel de 80 a 57 metros cuadrados. ¿Por qué rebajar a 28.350 y no a cifras redondas como 29.000 o 30.000, y de 80 a 57 y no a 55 o 60? El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura señaló que esos indicadores que no son redondos se ponen para que alguien en particular gane el proceso.

¿Por qué aplazan las fechas? ¿Por qué bajan y bajan requisitos? ¿Por qué poner en riesgo la obra?  ¿Por qué arriesgar la estabilidad financiera de EPM? Quintero montó una persecución, no cumplió los plazos, puso en riesgo la presa, y todo para entregarle el contrato a los chinos. Panorama sombrío el que rodea a Hidroituango, que el 1º de enero de 2020 cayó en las peores manos.