La semana pasada se presentó el informe para Colombia de la “Comisión global sobre política de drogas”, de la que hacen parte, entre varias y varios expresidentes, los exmandatarios colombianos César Gaviria y Juan Manuel Santos. La Comisión la integran personas de distintas orillas políticas, con una presencia significativa del centro y la derecha. Esto es particular pues el informe reitera, fundamentalmente, la necesidad de cambiar el enfoque prohibicionista que ha predominado en el diseño institucional de, al menos, los últimos 50 años. El fracaso de la guerra contra las drogas es tan estrepitoso que no hay espacio para la polémica entre posturas ideológicas. Parece que, salvo por Iván Duque y un par de terraplanistas más, hay un acuerdo sobre la necesidad de la regulación.

En el informe se reconstruye brevemente gran parte de la historia política de Colombia en relación con el narcotráfico. Se menciona al Plan Colombia como uno de los hechos que marcó con más fuerza la agenda prohibicionista. Al respecto se dice — como ya lo habían hecho diversos informes y trabajos académicos— que el balance es negativo. Si bien se reconocen algunos logros en la reducción de cultivos de coca vía erradicación forzada, la disminución no fue sostenible. Más bien lo que ocurrió fue un reacomodo de las plantaciones, una diversificación de las rentas criminales de los grupos armados asociados al narcotráfico, y una violencia generalizada que afectó, principalmente, a los más pobres.  

El documento no es novedoso en ningún sentido. La gran mayoría de afirmaciones sobre las cuales se construye el diagnóstico y los hallazgos sobre las políticas de drogas del país, están basados en la evidencia que ya ha sido presentada con anterioridad. Sin embargo, es un documento importante por quienes ahora afirman lo que investigadores y políticos progresistas llevan gritando años. Lo es también porque las sentencias no dejan lugar a dudas, se alejan de la ambigüedad característica de los políticos y presentan el problema directamente. Siendo así, se leen cosas como: “Colombia es quizás el ejemplo más antiguo del fracaso de las políticas basadas en la prohibición”.

Presentar un diagnóstico sin ambigüedades permite que las recomendaciones sean lo suficientemente audaces. De nuevo, todo lo que dice la “Comisión global sobre política de drogas” para el caso colombiano ya lo sabíamos. La diferencia, nada menor, es quienes ahora lo dicen. El documento propone cinco líneas de acción a modo de recomendaciones sobre el asunto de las drogas en Colombia. Quisiera resaltar tres: 1. Regulación legal de TODAS las drogas. 2. Un enfoque de política basado en derechos humanos con especial énfasis en la reducción de daños. 3. Despenalización de todas las actividades incluido el cultivo, que es lo mismo que decir, desmonte del enfoque criminalizador.

Una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro— que reiteró en su primer discurso ante la ONU— es el cambio de enfoque de las políticas de drogas. La declaración de la Comisión Global da un espaldarazo a esa agenda de política pública y reitera el disparate del gobierno Duque en ese sentido. En política, los acuerdos amplios, los hechos irrefutables, son muy escasos. Todos los días parece consolidarse más la sensación de que estamos ante uno. Que el único camino aceptable en política de drogas es la regulación y el enfoque de reducción de daños.

Acá pueden descargar el informe completo en español: https://www.globalcommissionondrugs.org/position-papers/drug-policy-in-colombia