Esta semana discutí con una tía. Una mujer inteligente, informada, profundamente convencida de que el proyecto político que hoy gobierna representa un cambio necesario. Es, además, una votante orgullosa del llamado Pacto Histórico. Y desde ese lugar me hizo una pregunta que no es nueva, pero sí cada vez más frecuente: ¿por qué mi control político se concentra en este gobierno? ¿Por qué no hago lo mismo con la derecha? ¿Por qué —según ella— esa “obsesión”?
La palabra no es menor: obsesión. Y sin embargo, la respuesta tampoco lo es. No se trata de obsesión. Se trata de contexto.
Mi ejercicio profesional —y mi entrada real a lo público— ocurre en medio de un gobierno que se autodefine como transformador, como garante de derechos, como ruptura con prácticas históricas que prometía superar. Es en ese escenario donde he visto, con preocupación, cómo muchas de esas narrativas se quedan en eso: en discurso. Y peor aún, cómo en la práctica se adoptan decisiones que tensionan —cuando no contradicen abiertamente— el Estado de derecho.
No es ideológico exigir que se cumpla la ley. Es, en mi caso, un deber.
Cuando decidí ejercer acciones jurídicas, como las demandas que buscaban la nulidad de los actos administrativos que reconocieron algunos partidos políticos, que terminaron siendo anulados por el Consejo de Estado, las demandas contra nombramientos consulares irregulares o la demanda contra la elección de María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro por una posible causal de doble militancia, no lo hice contra una ideología. Lo hice frente a hechos concretos que, en mi criterio, debían ser revisados por la justicia. Eso no es persecución. Eso es institucionalidad.
Pero ahí aparece la fractura. Porque para quienes se sienten representados por el gobierno, el control deja de ser un mecanismo democrático y empieza a percibirse como una traición. Como un ataque. Como un intento de sabotaje. Y entonces el debate deja de ser jurídico o político, y se vuelve emocional.
Lo que más me inquietó de esa conversación no fue el desacuerdo —ese es natural— sino la imposibilidad de reconocer el valor del control mismo. La idea de que cuestionar al poder, cuando ese poder “es el propio”, resulta incómodo, innecesario o incluso desleal.
Y ahí hay un problema de fondo. Porque el Estado de derecho no se defiende por afinidad. No se activa dependiendo de quién gobierne. No es selectivo. O se defiende siempre, o deja de ser una garantía y se convierte en una herramienta.
Entiendo la esperanza que muchos depositaron en este gobierno. Entiendo también la frustración de quienes sienten que cualquier crítica debilita un proyecto que consideran necesario. Pero precisamente por eso, el control es más importante, no menos.
No hay transformación posible si la ley se vuelve relativa.
No hay cambio real si la narrativa reemplaza la ejecución.
No hay democracia sólida si el control incomoda más que los errores.
Esa conversación me dejó una sensación extraña. No de duda sobre lo que hago, sino de preocupación por cómo estamos entendiendo lo público. Porque cuando el control se interpreta como obsesión, lo que está en riesgo no es una postura individual. Es la idea misma de que el poder —cualquiera que sea— debe tener límites.
Y esos límites no son negociables.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
