El país aún no ha sido capaz de romper el vínculo entre política y armas. A pesar de los millones de víctimas y del dolor generalizado que ha resultado del conflicto armado, el discurso, los actores y las relaciones políticas todavía pasan cerca, cuando no íntimamente cerca, de las armas y de los actores armados. Esto representa una debilidad, un riesgo y, en algunos casos, una tragedia para nuestra democracia. Es necesario señalarlo y enfrentarlo.
Quienes, según las encuestas, lideran la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales son un buen ejemplo de lo anterior. Tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella han sido personajes cercanos a expresiones armadas y violentas en la historia reciente del país. De entrada, me alejo de quienes matriculan a Cepeda en las FARC y a De la Espriella en los paramilitares. Contra los energúmenos de cada lado, no creo que ninguno haya pertenecido directamente a un grupo armado ilegal. Sin embargo, afirmo que ambos han evitado condenar el uso de las armas e incluso han sido defensores de los grupos armados ilegales. Esto, en mi opinión, es un problema serio y un tema muy delicado para quienes quieren liderar este país dolido y aún inmerso en una mezcla terrible de armas, política y criminalidad.
El colorido candidato De la Espriella, que posa en estilizado saludo militar y se hace llamar “El tigre”, dijo en una entrevista en 2008 que Mancuso, responsable según la Fiscalía de cerca de 24,000 delitos, incluyendo desplazamiento forzado, desapariciones, homicidios y reclutamiento de menores, “había dado una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses”. Así, sin matices ni reservas, alegó que él también se hubiera vuelto paramilitar de haber estado en el lugar de Mancuso. En esa misma entrevista, De la Espriella defendió a su “querido amigo” Alberto Santofimio Botero, condenado como determinador del asesinato de Luis Carlos Galán, y, aunque no se conecta con el tema central de esta columna, defendió la legalidad de DMG y el accionar de su fundador. Nada más y nada menos que la monumental pirámide de captación ilegal y esquema de lavado de activos con cerca de 300,000 víctimas. En los años posteriores a esta entrevista y más allá de los estrados judiciales, el ahora candidato “outsider” ha sido incapaz de condenar la violencia paramilitar, mientras ha sido contundente y constante en la crítica y condena de la violencia guerrillera.
Al otro lado del espectro está Iván Cepeda. Como víctima de la violencia homicida del Estado, Cepeda ha liderado el movimiento de víctimas y ha sido un crítico y activista incansable en denunciar la violencia paramilitar y su alianza con diferentes gobiernos. Esa actividad y esa mirada aguda, no obstante, han estado ausentes cuando se trata de señalar y condenar los delitos de lesa humanidad cometidos por los grupos guerrilleros. 27,000 secuestros, 29,000 desaparecidos, 94,500 homicidios y 8,000 menores reclutados por las FARC (Comisión de la Verdad) son cifras que nadie puede ignorar y que todos, mucho más quienes buscan liderar este país para construir paz, debemos condenar inequívocamente. Guardar silencio sobre la ejecución de crímenes sistemáticos y generalizados como los cometidos por las FARC es una actitud selectiva que discrimina a las víctimas y que, en últimas, distingue entre delitos reprochables (los de los paramilitares y el Estado) y delitos aceptables (los de las guerrillas). La reciente investigación de La Silla Vacía y La Liga contra el Silencio volvió sobre los computadores de Raúl Reyes para desvirtuar la teoría promovida por el candidato del oficialismo de que los mismos fueron alterados por el DAS y para recordar que, según un miembro del comité internacional de las FARC, “el compañero Cepeda” tenía contacto directo con esta guerrilla en 2008, cuando los crímenes y excesos del grupo eran palmarios.
¿No es hora ya de que en este país construyamos un liderazgo político que rechace todas las expresiones violentas por igual? ¿No hemos tenido suficientes tragedias y dolores resultantes de la mezcla política y armas? Tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda han sido selectivos en su rechazo a la violencia y ambos representan a sectores que legitimaron formas de lucha y, de manera activa o con silencios cómplices, han aceptado los crímenes que se cometieron bajo consignas políticas y reacciones “defensivas”.
La búsqueda de la paz y el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, objetivos centrales del presidente de un país que tiene que reconstruir tejidos y lazos entre personas, sectores y territorios, deben pasar por el rechazo expreso e inequívoco de la utilización de las armas en el proceso político, sin importar quién lo haga o en nombre de qué. Ni Cepeda ni De la Espriella cumplen esa condición.
Postdata: Mis candidatos para el congreso, que cumplen con la condición antes mencionada, son Rafael Nanclares (101 en la lista de la coalición Ahora Colombia) a la Cámara y Federico Restrepo (12 en la lista de la Coalición Ahora Colombia) al Senado.
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