Ya en varias oportunidades me he pronunciado en este espacio sobre la pobreza argumentativa del Concejo de Medellín, y creo que es necesario volver a hacerlo.
El único concejal de oposición propuso, en una sesión reciente, que se discutiera en el recinto la donación —por parte del Distrito— de unos 50 mil millones de pesos a la Universidad de Antioquia.
Mientras avanzaba la exposición de los argumentos que acompañaban la propuesta para ayudar a la Alma Máter de los antioqueños a solventar una crisis económica tan profunda que incluso le impedirá pagar a tiempo las primas navideñas y otras obligaciones financieras al cierre de este año, el concejal Sebastián López pidió votar la moción de suficiente ilustración.
Una especie de mordaza que silencia a quien está exponiendo para pasar, de una vez, a la votación. Así, rapidito. Lástima, porque
son esos los debates que uno esperaría de una corporación pública que, además, sigue en caída libre en su favorabilidad ciudadana.
Lo más paradójico es que quien pidió callar a su contradictor político salió luego a grabar un video de youtuber con tal cantidad de imprecisiones que la misma Universidad tuvo que corregirlo.
Si bien es cierto que muchos de quienes estudian en la Universidad de Antioquia residen en Medellín o en el Área Metropolitana, estos municipios no tienen obligación presupuestal con la institución. ¿La deberían tener? Tal vez.
La Universidad no está mendigando. Los estudiantes y el profesorado no están pidiendo regalos. Están defendiendo el valor de lo público, la enorme riqueza que se ha construido desde sus aulas. Por eso reclaman no solo que avance la modificación a la Ley 30 (a la que solo le falta un debate), sino que se vuelva a tener en cuenta a la UdeA.
Y es que, solo entre 2024 y 2025, la contratación de la Gobernación de Antioquia (y su conglomerado) con la Universidad se redujo en 37 mil millones de pesos; la de la Alcaldía de Medellín cayó en 14 mil millones, y la de entidades privadas disminuyó en 39 mil millones.
Únicamente se incrementó en casi 10 mil millones de pesos la contratación con el Gobierno Nacional.
Valdría la pena poner sobre la mesa a qué instituciones de educación superior se ha ido esa contratación que antes tenía la Universidad de Antioquia y si ese traslado se hizo mediante licitación.
A la administración de la Universidad también le quedará explorar nuevas alternativas, como acudir a la solidaridad de sus egresados y pensar en fuentes alternas como el cobro del parqueadero.
Todo esto porque un Distrito de Ciencia, mira por encima del hombro a la segunda universidad más importante del país.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/daniel-palacio-2/
