Las militancias políticas han desdibujado los contornos morales. Esto no es nuevo. Hemos visto cómo muchas atrocidades se han justificado con argumentos tramposos, utilizando ideas retóricas que dan cierta artificialidad racional a las más grandes infamias. Con sus diferencias históricas y políticas, los nazis lo hicieron durante el holocausto, la URSS con la Gulag, los franceses en Argelia y los gringos en Japón. Hoy escuchamos voces que defienden el genocidio que el gobierno de Benjamín Netanyahu comete en Gaza, bajo la perspectiva de que es un mal menor comparado con la amenaza que representa Hamas para el mundo occidental, sea lo que sea que signifique eso.
La moral entonces está a merced de las convicciones políticas. Lo bueno y lo malo no está dado por el hecho mismo, sino por el agente que realiza la acción. La valoración frente a un hecho varía de acuerdo con el sujeto. Si el protagonista de un acto abominable es mi compañero ideológico, se anula el juicio condenatorio para darle paso a alguna gimnasia moral que permita su aceptación.
Veamos la contorsión ética en determinada situación. Se cree que al menos (no sabemos con exactitud) 2.000 personas han sido asesinadas por el gobierno iraní durante las recientes protestas. Las reacciones a esta carnicería oficial en el golfo pérsico han sido distintas. De un lado, son cautelosas y señalan principalmente la injerencia de Israel y Estados Unidos para desestabilizar al país. De otro, han sido muy entusiastas en condenar la crueldad del ayatollah Ali Khamenei.
La vehemencia con la que ciertas personas rechazan la horrorosa violencia oficial en Irán, no es la misma con la que se oponen al desastre palestino. Del mismo modo, las manifestaciones de asco y rechazo al genocidio en Gaza que ha expresado determinado sector político, se atempera y complejiza cuando se trata de hablar de Irán. La valoración de los hechos responde a la convicción política, a los marcos de sentido con los que entendemos el mundo.
Muchas voces que rechazaron — desde la estigmatización — las movilizaciones de 2019 y 2021 en Colombia, celebran ahora el levantamiento en Irán. Para sortear esta inconsistencia señalan dos cosas principalmente: 1. No son comparables las protestas en un régimen autoritario y en una democracia. La acción directa en el primer caso está justificada y hay que celebrarla, en el otro hay que condenarla. 2. Las movilizaciones en Colombia estuvieron infiltradas por grupos armados.
Sobre lo primero habría que decir que es cierto que las circunstancias políticas de Irán y Colombia son muy distintas. Sin embargo, habría que señalar también que aceptar esa idea tiene el riesgo de asumir que sólo en presencia de un gobierno tiránico es admisible la movilización. De hecho, es todo lo contrario: la posibilidad de manifestarse es un indicador de apertura democrática.
Frente al segundo argumento hay que recordar que las protestas abren ventanas de oportunidad para mover los regímenes políticos, y por ellas, entran disputas, deseos legítimos de cambio, reclamaciones y también agendas de actores poderosos e ilegales. Es usual que las movilizaciones terminen infiltradas por grupos con intereses indeseables socialmente. Pasó en el Euromaidán, pasó en el estallido social y pasa ahora en Irán.
Este modo de pensar la protesta tiene un problema adicional pues toma el todo por la parte. Es decir, en el caso de las manifestaciones en Colombia utiliza un hecho — la infiltración de grupos armados — para describir todo un ecosistema de disputa con diversos actores e intereses. Procediendo de esta manera se borra toda la complejidad y se aplana el acontecimiento para que entre en la moldura de la estigmatización. La protesta social queda reducida a una acción de grupos armados para que encaje en el marco ideológico que se defiende. De nuevo, la moral como subsidiaria de la ideología, al servicio de un marco de sentido. Y en ese proceso ¿qué se defiende? ¿qué se normaliza? y sobre todo ¿qué se oculta?
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