Hay expresiones que, en un país centralista como Colombia, suenan casi extrañas. “Política criminal regional”, por ejemplo, parece un oxímoron: ¿cómo hablar de política criminal “regional” o “local” en un Estado que históricamente piensa, diseña y decide desde el centro? Por eso se anuncian estrategias nacionales de tono universal, mientras departamentos y municipios lidian con problemas que no siempre caben en esa plantilla.
La criminalidad no se comporta igual en todas partes. Se ancla en corredores, disputa recursos, captura rentas e impone órdenes según las características locales. Pretender combatirla con medidas no diferenciadas es como intentar apagar incendios distintos con una sola manguera: el agua llega, pero no necesariamente donde más arde el fuego.
Pensar una política criminal diferenciada es raro, pero es una rareza necesaria. Es reconocer que el control del territorio no se decreta desde un escritorio en la capital: se construye con presencia real, capacidad operativa y estrategias que comprendan cómo opera el crimen en cada región.
Ahora bien, la idea no es inventarse “mini-Estados” de seguridad en cada departamento ni convertir la política criminal en un mosaico desordenado. El punto es asumir que el apoyo a los organismos de seguridad y justicia debe ser estratégico, territorialmente inteligente y sostenido en el tiempo.
Una política criminal “regional” no redefine qué es un delito, pero sí define prioridades operativas y necesidades logísticas para que la investigación y la judicialización funcionen. En regiones disputadas por estructuras armadas y economías ilegales, esas limitaciones logísticas no son una debilidad menor: son una invitación al crimen. No hay control posible si las instituciones no tienen sedes funcionales, si la congestión judicial es constante o si operan con recursos mínimos.
Hoy, como nunca, la seguridad a largo plazo depende de atacar el corazón de las organizaciones: sus rentas, sus redes y su capacidad de intimidación. Por eso es clave la dimensión investigativa y judicial. El microtráfico, la extorsión, la minería ilegal o las bandas criminales no se desmontan solo con patrullajes: se desmontan con análisis, articulación institucional y priorización de objetivos.
El microtráfico no es únicamente una venta en una esquina: es una cadena. La extorsión no es solo un delito: es un mecanismo de gobierno ilegal. La minería ilegal no es solo extracción ilícita: es financiamiento armado y control territorial. Y las bandas no son delincuencia común: son estructuras que disputan autoridad al Estado.
La gran contribución de una política criminal regional, bien entendida, es que cambia la pregunta. Deja de ser “¿qué operativo hacemos?” y pasa a ser “¿qué estructura queremos desactivar, con qué capacidades, en qué territorio y cómo evitamos la recomposición?”. Esa diferencia es enorme porque la recomposición criminal es uno de los ciclos más frustrantes de la seguridad colombiana.
Lo raro, entonces, no debería ser hablar de política criminal regional. Lo raro debería ser seguir creyendo que se puede controlar un país tan diverso con una única lógica nacional que no mira el mapa.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
