El Estado ha dado un golpe contundente contra la criminalidad: uno de los líderes del Clan del Golfo ha sido abatido. La muerte de Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, ha sido comparada en importancia con la captura de su máximo líder, alias ‘Otoniel’. El director de la Policía Nacional declaró que “este caso en particular es uno de los más importantes que afecta al Clan”. Sin embargo, la tensión en el ambiente es latente y todo indica que no desescalará pronto.

Entre las primeras reacciones de los grupos criminales tras la muerte de alias ‘Terror’ estuvo el bloqueo de Puerto Triunfo. El sábado posterior al operativo, los comerciantes se vieron obligados a cerrar sus negocios, las familias tuvieron que resguardarse temprano y los turistas buscaron refugio como pudieron, todo por orden de los ilegales. La vía Bogotá-Medellín, una arteria estratégica que conecta las dos principales ciudades del país, estuvo bloqueada durante varias horas por cuenta de la criminalidad. En Doradal, corregimiento reconocido por su vocación turística y su ubicación privilegiada sobre esta vía, el miedo se apoderó de residentes y visitantes.

Con el paso de las horas comenzaron a proyectarse los posibles escenarios de reacción del grupo criminal ante el operativo de la Policía Nacional. Las alertas están encendidas ante la posibilidad de asesinatos de policías en el marco de un denominado «plan pistola», así como ataques en contra de su infraestructura. En este contexto, también se analizan las implicaciones de estos ataques para la población civil y el riesgo de que se generen asesinatos, confinamientos y desplazamientos.

El día del entierro de alias ‘Terror’ el escenario no pudo ser más atemorizante: los centros poblados del municipio quedaron paralizados, los criminales obligaron a colocar moños morados en las puertas de casas y negocios, mientras que el comercio y las instituciones públicas permanecieron cerradas. Sin acceso a parques, coliseos o centros culturales, los niños, niñas y adolescentes de Puerto Triunfo tuvieron que quedarse en casa debido al cierre forzado de las escuelas y colegios.

Pareciera que los colombianos estamos acostumbrados a este panorama desolador cada vez que un líder criminal es abatido, capturado o extraditado. Así, lo ocurrido en Puerto Triunfo podría parecer un capítulo más en la larga historia del conflicto. Sin embargo, un análisis más detallado revela un desafío mucho más profundo para la legitimidad del Estado: mientras el gobierno central destaca con orgullo este golpe a la criminalidad, en las calles se palpa el miedo. La incertidumbre no solo radica en la posibilidad de represalias violentas, sino en el riesgo de que esta muerte altere el frágil equilibrio de poder criminal en la zona, lo que podría desencadenar una lucha territorial “a sangre y fuego” entre grupos armados ilegales que intentarán controlar las rentas criminales dejadas por alias ‘Terror’.

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Es preocupante que el Estado no logre consolidarse como garante de seguridad al punto de que su promesa de protección se vuelva inverosímil. Cuando una sociedad teme más el vacío de poder que la presencia de un criminal, es evidente que la institucionalidad ha fallado en su misión de ofrecer orden y estabilidad. Resultaría alarmante que en algunos sectores pueda llegar a extrañarse la figura de un hombre que debía responder por 30 investigaciones por desaparición forzada, dos por reclutamiento, una por homicidio y más de seis sentencias en Justicia y Paz.

Los millonarios recursos provenientes del narcotráfico y la extorsión (que, como en otras regiones de Colombia, permanece subregistrada y se camufla bajo cobros por “servicios de seguridad”), junto con un reclutamiento constante, consolidan en general al Magdalena Medio como un enclave estratégico del crimen organizado. La situación se torna aún más compleja si se considera que los Isaza (primero con Ramón Isaza, y recientemente con el asesinado Oliverio Isaza) han dominado la ilegalidad y la criminalidad en la región durante años, consolidando una estructura de poder que resiste y se reinventa ante cada golpe del Estado.

En Colombia, los señores de la guerra, según el profesor de la Universidad EAFIT Gustavo Duncan, no son simplemente jefes de estructuras criminales, sino actores de poder que administran territorios mediante la violencia, la economía ilegal y la cooptación de instituciones. Su control no se basa únicamente en la fuerza, sino en su capacidad de establecer redes de clientelismo y legitimarse ante la comunidad al suplir funciones que el Estado no cubre, como la seguridad y el orden social.

A diferencia de las guerrillas o los carteles tradicionales, el objetivo de los señores de la guerra no es solo el enriquecimiento o la ideología, sino la consolidación de un poder autónomo y sostenido en el tiempo. Esto explica por qué enfrentarlos requiere mucho más que operativos militares: demanda estrategias integrales que transformen las dinámicas de poder en los territorios y reduzcan la dependencia de la población de estas estructuras ilegales.