Por estos días, Medellín ostenta un título incómodo: la ciudad más costosa para arrendar vivienda en Colombia. Según el Banco de la República, los precios de arriendo en la capital antioqueña superan los de Bogotá, Bucaramanga y Cali, con brechas que alcanzan hasta un 25%.
Aquí hay una pregunta ética que nos interpela: ¿quién puede vivir en Medellín hoy? La ciudad que se promociona como innovadora, vibrante y turística parece olvidar a sus propios habitantes. La narrativa del progreso se sostiene sobre una paradoja: mientras se celebra la inversión extranjera y el auge inmobiliario, se encarece el derecho a habitar. El resultado es una ciudad que se vuelve cada vez más excluyente, donde el arriendo se convierte en mecanismo de expulsión.
No se trata solo de cifras. Son profesionales que no pueden independizarse, adultos mayores que destinan su pensión al pago de un arriendo abusivo, familias que deben mudarse a la periferia, trabajadores que viven muy lejos de sus empleos. Es una ciudad que se vacía de sí misma, que pierde su tejido social mientras se llena de apartamentos turísticos y proyectos de lujo.
Y frente a esto, el gobierno local guarda silencio. No hay políticas públicas que regulen el mercado de arriendo, ni propuestas para proteger a los inquilinos, ni medidas para frenar la especulación. Y la ciudadanía queda sola, fragmentada, vulnerable.
¿Qué hacemos? Aprender de otros. En España, los sindicatos de inquilinos han demostrado que la organización colectiva puede frenar abusos, negociar precios justos y presionar por leyes que regulen el mercado. En Barcelona, lograron detener desalojos, visibilizar casos de acoso inmobiliario y promover normativas que limitan el precio del alquiler. En Madrid, impulsaron campañas públicas que transformaron el debate sobre la vivienda en un asunto de justicia social.
Medellín necesita aprender de estas experiencias. Necesitamos redes de inquilinos que compartan información, denuncien abusos y se apoyen mutuamente. Necesitamos colectivos barriales que dialoguen con propietarios y promuevan acuerdos éticos. Necesitamos campañas ciudadanas que exijan regulación, transparencia y dignidad. Porque si esperamos que el mercado se autorregule, o que el Estado actúe por iniciativa propia, seguiremos viendo cómo Medellín se convierte en una ciudad imposible.
¿Qué más hacemos? También necesitamos gestos cotidianos que asuman una postura ética frente al problema. Propietarios que renuncien a la especulación y prioricen el arraigo. Vecinos que se organicen para defender el derecho a permanecer. Profesionales del sector inmobiliario que promuevan prácticas justas. Medios de comunicación y de opinión que visibilicen el drama del arriendo como un asunto público. Ciudadanos que se informen, que se resistan, que se movilicen. Porque la ética urbana no se decreta: se construye entre todos, cada día.
La vivienda no puede seguir siendo un lujo. No podemos aceptar que vivir en Medellín implique endeudarse, ser expulsado del barrio o renunciar a la dignidad. Esta ciudad nos pertenece a todos y defenderla empieza por reclamar el derecho a habitarla.
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