En este segundo semestre del año en Medellín hemos conocido de dos proyectos de inversión de la Alcaldía que casi llegan al billón de pesos. Ambos proyectos han suscitado interrogantes y opiniones diversas. Ninguno de estos proyectos estaba incluido en el Plan de Desarrollo Distrital “Medellín te quiere”.
Me refiero al Gran Parque Medellín y a la renovación del Estadio Atanasio Girardot; el primero con una inversión cercana a los $200.000 millones y el segundo a los $750.000 millones.
En el primer proyecto la comunicación estuvo enmarcada por un discurso en el cual lo único que le hacía falta a la ciudad era mar y gracias a este proyecto la ciudad podría contar con uno, asunto a todas luces cuestionable, dada la larga lista de problemas públicos que aún deben resolverse que han sido estructurales sin que aún tengamos respuestas suficientes como sociedad, a pesar de los esfuerzos.
En la descripción de ambos proyectos se remarca que serán obras de tal envergadura que cuando estén culminadas, la ciudad tendrá el centro deportivo y el estadio más grande del país.
Los recursos económicos siempre son limitados y ante poblaciones y necesidades crecientes, la política es per se un ejercicio de priorización; se priorizan necesidades de acuerdo con la definición de los problemas públicos más urgentes a través de las herramientas de planeación de las que dispone el gobierno distrital. Es necesario recordar que en la definición de los últimos planes de desarrollo se ha dicho que mientras se cuenta con equis plata para la inversión, las necesidades plasmadas por la ciudadanía exceden por mucho esa proyección de disponibilidad presupuestal.
Así las cosas, para la defensa de ambos proyectos por parte de la administración no sólo es necesario centrarse en sus bondades que, por supuesto, las tienen, es necesario adoptar una visión más amplia y compararlos con otras necesidades de la ciudad, que ya cuentan con proyectos estructurados pero que han sido dejadas de lado desde varias administraciones atrás.
Por ejemplo, en la Comuna de Villa Hermosa, a raíz de estudios de riesgo detallados —incluyendo la microzonificación y estudios de detalle de riesgo—, se formuló el Plan para la Mitigación del Riesgo de la Infraestructura -PMRI. Este cuenta con más de 30 obras diseñadas, sin embargo, pocas de estas obras se han implementado. La administración argumenta que la baja materialización del PMRI se debe a que cuesta aproximadamente $500.000 millones para concretar las obras contempladas. Es decir, no se avanza en la solución a un problema estructural porque no hay decisión política que priorice la gestión del riesgo, dejando a las comunidades comprometidas sin soluciones reales a sus problemas más apremiantes.
En un recorrido por Moravia en 2021, algunos habitantes y líderes del sector consideraron que la ocupación reciente del morro era evidencia del abandono estatal en los últimos diez años. Han sufrido promesas incumplidas como el proyecto habitacional El Mirador de Moravia, del cual se preguntaban en aquel momento por qué aún no se había construido, cuando es esencial para el reasentamiento en sitio de las familias que quedaban en aquel momento en el morro y algunas que fueron afectadas por la obra del puente de la Madre Laura.
En relación con los déficits de vivienda, las metas del Plan de Desarrollo para este cuatrienio son bajas. Para darnos una idea, se requeriría más de un siglo para no tener déficit cuantitativo en la ciudad, esto es, que cada hogar pudiera contar con una vivienda para habitar, mientras que en el caso del déficit cualitativo se requería medio siglo más para que cada familia cuente con una vivienda digna, de calidad y sin hacinamiento, manteniendo el resto de las cosas constantes, esto es, que no aumenten las necesidades de vivienda en todo ese tiempo, situación poco probable.
Enhorabuena una discusión amplia y diversa sobre los proyectos no priorizados en el Plan de Desarrollo. La pregunta de fondo y en mi opinión más relevante para madurar la discusión pública en la ciudad es a dónde estamos llevando los mayores recursos obtenidos en el recaudo de los principales ingresos de la ciudad, en el sentido de contrastar la respuesta frente a las prioridades señaladas por los propios ciudadanos sobre lo que más afecta su calidad de vida y por los temas que consideran deben ser atendidos desde la gestión pública con mayor ahínco. Si los ciudadanos somos sólo observadores de decisiones que comprometen tantos recursos públicos, la incidencia que propone nuestro sistema democrático queda en entredicho.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/piedad-restrepo/
