Las posibilidades que nos brindan los datos son inmensas. En salud, confiamos en que nos permitan detectar enfermedades graves antes de que sean irremediables. En el ámbito ambiental, esperamos que nos ayuden a generar señales tempranas sobre la calidad del aire o los niveles de contaminación en las fuentes hídricas. Y en materia de seguridad, creemos firmemente que nos permitirán realizar mejores diagnósticos, identificar amenazas, priorizar acciones y evaluar resultados e impactos con un alto grado de confianza.
Sin embargo, recopilar datos por el mero hecho de hacerlo no parece ser el mejor camino. Esto es especialmente sensible en el sector público, donde los recursos son más limitados y “apagar incendios” en el día a día desvía con facilidad la atención de los problemas realmente importantes. El afán de los gobiernos por sumarse a las tendencias del “big data” puede llevarnos a pensar que lo fundamental es lo último en tecnología: cámaras, datacenters, sensores o repositorios que crecen a pasos agigantados.
Estas tendencias pueden inducirnos a creer que lo más importante es competir por quien tiene la mayor capacidad para captar información. ¿Por días? ¿Por semanas? ¿O por horas? En muchos casos, la frecuencia de recolección ya solo se ve desafiada por la capacidad de adquirir los aparatos tecnológicos que permiten capturar el dato y almacenarlo en unidades de memoria con capacidades que difícilmente imaginamos en la vida cotidiana. Millones de horas de video, fotos o sonidos se producen diariamente y confiamos en que, en alguna esquina de esa inmensidad, podremos encontrar la solución a los males que aquejan a nuestras sociedades.
El problema es que, en el mundo de las decisiones públicas, especialmente las relacionadas con la seguridad y la convivencia, el dato crudo no es más que ruido. Sin una técnica que permita limpiar, clasificar y cruzar variables, lo que se obtiene es un caos que crece año a año, día a día, minuto a minuto. Y peor aún: sin una estrategia clara sobre para qué construimos información y cómo la vamos a usar, todo lo que se almacena no es más que un conjunto de objetos desperdigados en un repositorio gigantesco.
Me preocupa que, mientras aumentan las posibilidades de obtener datos y soñamos con las inmensas oportunidades que nos brindan, las capacidades para tomar decisiones y darles sentido y valor con base en la evidencia no parecen crecer al mismo ritmo. En este sentido, hay tres mensajes que pueden marcar la gestión pública en la era del big data:
Primero, los datos no sustituyen el criterio: lo potencian. Un algoritmo no reemplaza al trabajador social, al fiscal, al médico ni al alcalde. Lo que hace es quitarles el trabajo mecánico y dejarles más tiempo para el juicio experto.
Segundo, cada entidad del Estado ya cuenta con un recurso invaluable: los registros administrativos. No hay que esperar grandes inversiones. El Estado produce información cada minuto; el reto es ordenarla, estandarizarla, cruzarla y utilizarla.
Y tercero, el desafío es institucional y cultural. La tecnología se compra y la infraestructura se contrata, pero la cultura del dato y la confianza ciudadana en la toma de decisiones basadas en evidencia requieren liderazgo, visión y consistencia.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
