A dos días de la segunda vuelta, el país aceptó que el 21 de junio se decide, según el relato dominante, entre la vida y la muerte de la democracia, no importa el bando donde se enuncie. María Emma Wills recordó esta semana que el proyecto paramilitar prosperó dentro de un país que celebraba elecciones y se proclamaba democrático, preguntándose si queremos volver a él. Cecilia Orozco describió a un eventual mandatario convertido en vasallo del padrinazgo de Trump. Aunque son lecturas serias, propongo otro elemento de análisis acerca de lo que el domingo, más allá de quien gane, se pondrá a prueba.
Matías Bianchi dice, a propósito del multilateralismo, que un orden institucional no garantiza justicia ni paz, pero sin él solo rige la ley del más fuerte. Esa es la verdadera medida: no quién gana, sino qué resiste. Y nuestras instituciones llevan años desmoronándose desde la base, en la línea de lo que advierte Flavia Freidenberg cuando recuerda que no hay democracia sin partidos ni mecanismos efectivos de representación.
El plano regional tampoco consuela. El trumpismo desmantela el orden multilateral que su propio país construyó, y lo hace con un proyecto que, como anota Bianchi, ningún Sur global romántico debería idealizar como alternativa automática. Porque ahí está la trampa que pocos quieren ver, que un proyecto político no atente contra la democracia en su discurso no lo convierte en su garantía. Ni la derecha ni la izquierda custodian lo institucional.
En Colombia lo hemos comprobado de los dos lados. El gobierno progresista no resolvió lo estructural y, peor, su Paz Total facilitó la expansión criminal. Las principales estructuras armadas pasaron de unos trece mil integrantes en 2018 a más de veintisiete mil en 2025, y la Defensoría ya alerta de la presencia de actores ilegales en cerca de 790 municipios. Mientras tanto, el asesinato de líderes sociales no cedió. Cada dos días es asesinado un líder. El cambio de gobierno no frenó esa tendencia.
El proyecto progresista en Colombia no representa a una izquierda seria, esa que Kohei Saito reseña como aquella capaz de sostener las conquistas sociales sin descuidar lo material y lo económico. El Pacto Histórico es la materialización de un proyecto que confundió el gesto con el resultado.
Pero la derecha que se ofrece como salida es igual de peligrosa, por otra vía. Ver al Estado como enemigo y a lo público como un gasto que estorba el crecimiento supone una peligrosa teología. Detrás de la promesa de defender la libertad económica hasta las últimas consecuencias asoma la lógica schmittiana que Alexander Dugin actualizó para la reacción global: la del amigo y el enemigo, la del orden que necesita un adversario para existir, y que cierra la puerta a que las libertades civiles coexistan con la económica. No sobra recordar, con María Emma Wills, que el candidato que hoy encabeza las encuestas defendió en su momento el paramilitarismo como una «legítima defensa». Un Estado que se concibe como depredador de lo público es tan corrosivo para las instituciones como uno que las captura.
De ahí esa incomodidad con el «vida o muerte». Esa fórmula no defiende la democracia, sino que apenas la instrumentaliza. Reproduce exactamente la lógica amigo-enemigo donde el adversario deja de ser un competidor legítimo y se convierte en una amenaza que hay que eliminar.
El domingo no se juega la vida ni la muerte de la democracia colombiana. Se juega, una vez más, si somos capaces de sostener instituciones que sobrevivan a quien las gobierne.
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