El dinero se agota. Esta es una realidad innegable que cualquier individuo que trabaja día a día entiende profundamente. Sin embargo, para algunos, el dinero parece ser un recurso más ilimitado que para otros, disfrutando de la facilidad de obtenerlo, o incluso heredándolo por el esfuerzo de generaciones anteriores. Aunque no faltan historias de millonarios que emergieron de la pobreza, son las desiguales oportunidades las que a menudo definen quién disfruta de estos privilegios.

En este contexto, el gobierno parece haber olvidado que el dinero es un recurso que cuesta obtener y que, definitivamente, se agota. Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció la preparación de una nueva reforma tributaria. Este anuncio no ha resonado tan fuerte como en ocasiones anteriores, pero ha generado confusión considerable, especialmente porque hace solo dos años, bajo el mismo gobierno, se aprobó una reforma similar.

El gobierno declara que su objetivo es fomentar la reactivación económica y aumentar la inversión en el país. No obstante, la falta de credibilidad y coherencia de sus políticas hace que muchos ciudadanos, desconfiados de los políticos, duden de estas intenciones. Lo que se sabe hasta ahora es que el gobierno busca recaudar 12 billones de pesos, pero los detalles de cómo planea hacerlo son difusos y preocupantes.

Históricamente, las reformas tributarias en Colombia han seguido tres líneas discursivas: financiar planes de desarrollo, programas y políticas gubernamentales; cubrir déficits fiscales heredados y solventar deudas con entidades internacionales; y promover el bienestar social y económico mediante una mayor inversión de recursos estatales. Desde los años 90, Colombia ha implementado 21 reformas tributarias, generalmente enmarcadas en estas categorías, con el recurrente mensaje de que cada nueva reforma será la última necesaria.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué los fondos previamente recaudados no son suficientes ahora? La respuesta es compleja. Una de las principales razones es la falta de eficiencia de la DIAN para recaudar lo que se debe, exacerbada por la corrupción e incompetencia de algunos de sus funcionarios. Otra posible explicación es el desgaste político y el gasto público superfluo en que ha incurrido el gobierno para mantener su extenso aparato funcionando, junto con los supuestos favores políticos que facilitan la aprobación de sus proyectos.

Pero tal vez la respuesta más desalentadora es simplemente un «no sabemos», mezclado con una mala gestión de los recursos. Aunque se presenta como una oportunidad para que el gobierno mejore su capacidad de recaudación, en la práctica, la ciudadanía termina siendo el cajero automático del ejecutivo, financiando sus caprichos con unos pocos céntimos destinados a la inversión y programas sociales.

Como sociedad, hemos demostrado una notable tolerancia al escuchar el mismo discurso 21 veces, cada año y medio, y aun así nos preguntamos si esta vez, mayores impuestos y recaudos realmente se traducirán en mejoras para nosotros.

Desafortunadamente, los subsidios y programas sociales o contratos para el bienestar no siempre alcanzan a quienes realmente los necesitan y terminan siendo drenajes que agotan los fondos estatales. El dinero que recibimos del estado es, irónicamente, el mismo que hemos entregado, en una cíclica y desafortunada muestra de reasignación donde el pueblo es quien pierde.

Así, nos enfrentamos a la incógnita: ¿será esta vez diferente? ¿La reactivación económica y la inversión tan afectadas por este gobierno realmente se materializarán con una nueva reforma? O, una vez más, ¿somos simplemente el cajero de un caprichoso que requiere más fondos cada vez que los suyos se agotan, perpetuando la mentalidad de que “lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”?

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