Esta semana se jugó el destino de tres de las más grandes empresas antioqueñas. En medio de jugadas sucias de abogados y de las cuestionables decisiones de la Superintendencia de Sociedades que favorecían a Gilinski en vísperas de las asambleas de Nutresa, Sura y Argos, un grupo de ciudadanas y ciudadanos enviamos una carta pública en respaldo a estas empresas, qe luego de ser publicada en redes junto a una petición de change.org, fue firmada por casi 6.000 personas. Replico el texto de dicha carta en la columna de hoy, agregando un par de ideas que surgieron después de ella. Pueden leer el texto original de la carta haciendo click aquí.

Hace 30 años Medellín se sumió en dolor y oscuridad, la crisis desatada por el narcotráfico nos sacudió hasta los más profundo de nuestros cimientos. La tasa de homicidios de Medellín duplicaba la tasa de las ciudades más violentas del mundo en la actualidad. Pero la crisis de los 90 también nos unió como sociedad: líderes, organizaciones sociales y empresas creyeron en la ciudad y se quedaron para luchar por ella. Nutresa, Sura, Bancolombia y Argos –sociedades que nacieron hace casi un siglo en nuestra ciudad– fueron parte de esas empresas cuyo sentido de pertenencia las llevó a quedarse y preocuparse por Medellín, en medio de esa crisis brutal y desesperanzadora.

Hoy estas empresas fundadas en nuestro valle operan en cerca de 20 países del continente americano, han tocado la vida de millones de personas de todos los orígenes, generan casi 100.000 empleos aportando en la consolidación de la clase media, tienen ingresos que representan el 7% del PIB y cuentan con la confianza de decenas de miles familias que son sus accionistas y que, curiosamente, más que buscar enriquecerse individualmente con sus acciones, ven con satisfacción los rendimientos sociales y el valor colectivo de empresas que han sido solidarias con el desarrollo social de la ciudad, invirtiendo ininterrumpidamente en arte, cultura, educación y deporte.

En 2021, una firma constituida en Panamá con apenas un millón de pesos ofreció comprar más de la mitad del Grupo Nutresa, una empresa clave para la seguridad alimentaria del país. Detrás estaba Jaime Gilinski, un empresario mencionado en los Pandora Papers que a la fecha no ha explicado sus cuestionamientos en este escándalo internacional, y quien luego de invertir casi $10 billones tratando de hacerse con las compañías sin éxito –ante la negativa de venta del 68% de los accionistas de Nutresa y 60% de Sura–, hoy quiere tomar el control con artimañas jurídicas buscando silenciar y restringir el voto de los demás accionistas, al amparo de un superintendente que fue posesionado por la ministra de Comercio María Ximena Lombana, quien hoy es representante de Gilinski en la junta de Sura.

Este proceso cuenta con varios funcionarios recusados y otros denunciados penalmente por su inexplicable diligencia y alineación con los intereses de Gilinski, y su pretensión fue calificada por el jurista Fernando Velásquez como un impensable: que un socio minoritario se vuelva dueño de tres empresas sin pagar por ellas.

Luego las preguntas que debemos hacernos como ciudad (sí, es un tema de ciudad), es si sus principales empresas deben ser patrimonio de miles de familias antioqueñas, o de una familia multimillonaria; si sus designios deben ser decididos desde Medellín, o desde Panamá y Abu Dabi; si deben ser conducidas por personas que vivan y conozcan la historia de esta tierra, o por personas ajenas que solo ven números para vender e intercambiar (como sucedió en el pasado con Coltejer); si su rostro debe ser el de una familia, o el de generaciones de miles antioqueñas y antioqueños que han trabajado y se han formado allí.

Medellín y Antioquia enfrentan un entramado que busca tomarse el patrimonio de la ciudad a cualquier costo, y cuyas manifestaciones van desde un alcalde que se ha valido de la mentira sistemática para desacreditar a estas empresas, hasta decisiones inexplicables de una Superintendencia que bloquean el ejercicio democrático a su interior. Como ciudad exigimos al Gobierno garantizar la imparcialidad y el juego limpio.

Estas compañías crecieron trabajando para que la ciudad también creciera, por supuesto con dificultades, errores y asuntos por mejorar, como en toda empresa humana. La sociedad hoy les plantea preguntas que deben seguirse haciendo y que deben responder tarde o temprano. Los tiempos han cambiado y sus líderes deben pensar en su evolución, en un compromiso imperativo por cuidar el planeta, en la necesidad de no dormir en los laureles del éxito de tiempos pasados más prósperos, para asumir con valor y liderazgo las crisis actuales. Somos conscientes de lo que ha pasado, y también somos conscientes de lo que está en juego en estas semanas, plantear estos cuestionamientos no es excluyente con solidarizarse en esta coyuntura con empresas que han demostrado un compromiso con procesos culturales y de construcción de ciudadanía, y que luego de esta toma hostil e ilegal quedarían en manos de piratas escoltados por oscuros asesores como Néstor Humberto Martínez y Angel Beccassino. En esta coyuntura hacemos un llamado a respaldar a estas empresas que, en palabras de Lucía González, son un patrimonio material, simbólico y social de la ciudad. Sura, Argos y Nutresa son antioqueñas, y así deben seguir siendo. No dejaron sola a Medellín cuando más las necesitó. Es momento de devolver la solidaridad.

~Epílogo: Siguiendo la analogía del discurso en la asamblea de Sura de Carlos Raúl Yepes (ex presidente de Bancolombia), esta semana los Gilinski sufrieron una dura derrota, que sin embargo es solo el triunfo de una batalla importante a favor de las empresas antioqueñas, en una guerra cuyo fin no se avizora en el horizonte próximo. Gilinski no dejará fácilmente su anhelo por hacerse con estas empresas, y sus abogados Martínez no dejarán de buscar subterfugios para atizar la obstinación de su patrón, mientras siguen cobrando sus multimillonarios honorarios.

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