Hay una constante histórica que preferimos no mirar de frente: cuando la democracia se erosiona, las primeras en perder derechos somos las mujeres.
No ocurre de un día para otro. No empieza con tanques en la calle ni con un decreto que suprima todas las libertades. Empieza con el lenguaje. Con pequeñas decisiones. Con la naturalización de discursos que presentan la desigualdad como tradición, la exclusión como moral y el control como orden.
El ejemplo más doloroso y reciente es Afganistán. Aunque su historia política ha sido inestable, el país vivió una etapa de institucionalidad democrática entre 2004 y 2021, con elecciones, una Constitución vigente y reconocimiento formal de derechos fundamentales. No fue una democracia perfecta —ninguna lo es—, pero permitió avances significativos en la educación de niñas, la participación política de mujeres y su presencia en el espacio público.
Todo cambió con el regreso al poder del régimen talibán en 2021 (aquí es fundamental ver los efectos perversos e insostenibles de las intervenciones de Estados Unidos, pero será en otra columna). Tal gobierno, que enraíza su autoridad en una interpretación extrema de la religión, comenzó rápidamente a desmontar las libertades conquistadas: la exclusión de las niñas de la educación secundaria y universitaria, la prohibición a las mujeres de trabajar en múltiples sectores, las restricciones a su movilidad sin acompañante masculino y, más recientemente, la publicación de un código penal que consolida estas limitaciones y autoriza el uso de la fuerza física contra las mujeres. Estas no son medidas aisladas: son la arquitectura jurídica de la subordinación.
Nada de esto ocurrió en un solo acto dramático. Ocurrió paso a paso.
Primero fueron declaraciones sobre “proteger la moral”. Luego, ajustes administrativos. Después, prohibiciones parciales. Más tarde, sanciones. Cada medida parecía pequeña, pero el resultado final es devastador.
Ese es el verdadero rostro del autoritarismo: avanza gradualmente y normaliza lo inaceptable. Y casi siempre descarga su poder sobre los cuerpos y las voces de las mujeres, porque lo asumen como un termómetro social: controlar a las mujeres es controlar el espacio público, la educación, la cultura y, en últimas, el futuro.
No se trata solo de Afganistán. Se trata de una lección universal. Cuando el poder político se justifica exclusivamente en la fe, en la tradición o en una verdad única e incuestionable, la pluralidad desaparece. Y sin pluralidad, la democracia es apenas una palabra vacía.
Hoy, en Colombia, estamos en época electoral. Y aunque nuestra realidad es distinta, no estamos inmunes a los discursos que apelan al miedo, al enemigo interno, a la descalificación sistemática del contradictor. Somos un país atravesado por la violencia, por profundas desigualdades y por una cultura política que con frecuencia premia la agresividad verbal como si fuera liderazgo.
En una sociedad tan desigual y tan propensa a los atajos autoritarios, cada elector tiene la responsabilidad de escuchar y decidir. De identificar en los discursos esos “pequeños gestos” que anuncian algo mayor: la deshumanización del adversario, la relativización de los derechos, la promesa de orden a cualquier costo.
No basta con elegir un nombre o un partido. Es necesario escuchar con atención el tono y el fondo de las campañas al Congreso y a la Presidencia. ¿Convocan a la esperanza o al miedo? ¿Invitan a ampliar derechos o a señalar enemigos? ¿Proponen construir o castigar? ¿A quién le deben? ¿Quién está detrás de ellos?
El autoritarismo no siempre entra gritando; a veces se instala susurrando certezas simples en sociedades cansadas. Y cuando logra arraigarse, lo primero que hace es decidir quién sobra. La historia demuestra que, demasiadas veces, esas primeras excluidas somos las mujeres.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/maria-antonia-rincon/
