El posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud, en el Ministerio de la Igualdad no puede verse como un hecho aislado, esto es un síntoma preocupante de la desidia con la que el gobierno nacional trata a la juventud que lo llevó al poder. La izquierda llegó por primera vez a la Casa de Nariño gracias al voto, la movilización y la esperanza de miles de jóvenes que creyeron en un cambio real. Pero hoy, frente a escándalos como este, queda claro que esa confianza fue instrumentalizada y traicionada.
Las irregularidades son demasiado graves como para pretender ignorarlas. Guerrero pasó de ser técnica y tecnóloga en contaduría pública, a mostrar un título profesional en esa materia en cuestión de días, justo para cumplir los requisitos legales del cargo. La Universidad San José, que se ha convertido en el certificadero académico de la izquierda, confirmó que Juliana nunca presentó la prueba Saber Pro, indispensable para que un título tenga validez en Colombia. No hay trazas claras de matrícula ni registros en el SNIES, lo que alimenta la sospecha de que se están acomodando papeles al ritmo de las conveniencias políticas. A esto se suman denuncias por uso de aeronaves de la Policía Nacional para viajes con fines dudosos y procesos judiciales abiertos por presunta falsedad en documento público y fraude procesal.
Más allá del nombre propio, lo que está en juego es la credibilidad de un gobierno que prometió ser distinto y que hoy parece reproducir los mismos vicios de siempre: clientelismo, amiguismo, desprecio por el mérito y fabricación de manuales de funciones a la talla de sus amigos. Cada irregularidad que se descubre erosiona la legitimidad de un proyecto político que se autoproclamó como el gobierno del cambio. Y el golpe es doble: por un lado, mina la confianza de los jóvenes que esperaban ser protagonistas; por otro, le entrega a la oposición la oportunidad de señalar que todo aquello que se ofreció como “nuevo” es en realidad más de lo mismo.
El progresismo en Colombia nació con la promesa de elevar los estándares éticos de la política, de mostrar que sí era posible gobernar con transparencia, mérito y compromiso social. Hoy, con casos como el de Guerrero, esa promesa se diluye en la burocracia acomodada y en los favores políticos. La juventud, que arriesgó su voz y su voto para abrir esta puerta histórica, ve su confianza usada como moneda de cambio. Y el mensaje es devastador: mientras las luchas en las calles exigían dignidad y oportunidades, desde los escritorios del poder se premia la cercanía, no la capacidad. Hay millones de jóvenes en Colombia que se han dedicado a formarse como profesionales, arriesgando hasta el patrimonio de sus familias en créditos educativos, como para que el gobierno del cambio por congraciarse con la clase política tradicional, decida si quiera pensar en nombrar a una persona sin los méritos académicos, y además modificar el manual de funciones del cargo para que este quede a la talla de Juliana Guerrero. Le queda a uno la duda: ¿acaso no hay en nuestro país jóvenes con la capacidad técnica y académica para ejercer cargos de alto nivel?
Si el gobierno no responde con claridad y contundencia, si no hay una rectificación que honre la palabra empeñada, el progresismo corre el riesgo de perder lo más valioso que tiene: la legitimidad moral ante quienes lo llevaron al poder. Porque prometer cambio es fácil, pero cumplirlo exige coherencia. Y en este caso, lo que se ha mostrado es todo lo contrario: un desprecio profundo por la juventud que, con valentía, hizo posible que la izquierda llegara al gobierno por primera vez en la historia del país.
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