Decir que Medellín hace más de una década no se construye vivienda asequible nos tendría que sacudir a todos. Hay familias —piensen por ejemplo en una madre cabeza de hogar— que tiene que destinar hasta el 40% de un salario mínimo para pagar el arriendo en un barrio de la periferia de Medellín o en la familia joven de ingresos medios que aún así ve imposible un apartamento de 600 millones de pesos.
Una realidad que se está volviendo, en la práctica, un mecanismo de expulsión de cientos de familias. El que tiene dinero vive donde quiere; pero el que no, vive donde puede. Es así como algunas han optado por el Oriente antioqueño y otras terminan atrapadas en congestiones eternas a Bello, Girardota, La Estrella, Caldas o San Antonio de Prado.
Ese sería uno de los peores escenarios para Medellín: una expulsión masiva de su gente por falta de oferta de vivienda y —paradójicamente— exceso de pequeñas habitaciones para el extranjero que quiere pasar su estadía en la ciudad. Es por esto que la modificación de mediano plazo del POT, que se presentó hace unos días al Concejo de Medellín, tiene tanta relevancia.
Al respecto hay quienes creen que el problema es meramente normativo; es decir, con el ajuste de la norma el mercado de la vivienda podría volver a florecer; otros consideran que al Distrito le han hecho falta capacidades técnicas y disposición política para que lo consagrado en el POT del 2014 funcione. Y otra mirada adicional tiene que ver con la necesidad de ponerle freno al valor del suelo; esto último tiene que ver más con gestión y disposición del aparato público, que con los mismos nómadas digitales.
Y es que, por ejemplo, el metro cuadrado de tierra en Ciudad del Río y algunos barrios a los alrededores se ha multiplicado desde 2014 en 3,4 veces; cuando el oro lo ha hecho en ese mismo periodo en 3,7 veces. Un crecimiento así del valor del suelo, sin ninguna intervención del Estado hace, según los expertos, prácticamente inviable la ejecución de vivienda asequible.
Además, es el momento de llamar a las responsabilidades presentes y futuras. Pues, por ejemplo, si se quiere hacer una realidad el Tren del Río —hasta Pradera o Puerto Berrío— el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tendría que estar desempolvando su rol en la planeación y el ordenamiento urbano metropolitano, por ejemplo ¿hoy se sabe con certeza cómo crecerán los municipios del Norte del Valle de Aburrá que permita calcular la demanda futura de ese sistema masivo de transporte?
La revisión del POT tiene que trascender la discusión de un mamotreto de normas urbanísticas y también cuestionar sobre las capacidades institucionales de un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación que, en ciertos apartados, ha sido incapaz de convertir la normativa en acción para la transformación urbana y la construcción de una ciudad para todos.
Esperemos que los tomadores de decisión entiendan que un POT no termina cuando se aprueba en el concejo y se firma por el alcalde, ahí apenas comienza.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/daniel-palacio-2/
