Hace unas semanas la Comisión de la Verdad presentó su Informe Final. Muchos teníamos expectativas altas sobre lo que sería el documento pues es un enorme esfuerzo por entender el conflicto armado en Colombia. El equipo de la Comisión cruzó 112 bases de datos con información sobre victimización y escuchó directamente a más de 30.000 víctimas. Estoy de acuerdo con que la declaración de “la verdad” suena un poco ambiciosa, pero lo más cerca que hemos estado de mirar la barbarie que nos sucedió es sin duda este trabajo.

Pese a esta gran labor, hubo muchas objeciones y descalificaciones. Algunas personas aseguraron que ese documento no tenía ninguna validez y que era benevolente con la desmovilizada guerrilla de las Farc. Más allá que esto no es cierto- pues el informe presenta datos escabrosos sobre reclutamiento de menores y secuestros por parte de las Farc- entre quienes manifestaron su rechazo al Informe Final, hubo una declaración que me llamo la atención: la del partido Centro Democrático.

La Comisión de la Verdad presenta lo que la JEP ya había adelantado oficialmente. Entre 2002 y 2008 se dispararon en el país las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Hay evidencia que este hecho, es decir, el aumento de asesinatos a civiles por parte de la fuerza pública para presentarlos como bajas en combate está relacionado con la Política de Seguridad Democrática. No obstante, al otro día de presentado el Informe, el partido Centro Democrático publicó un comunicado en el que enumera una serie de hechos para finalmente afirmar que: “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos”.

El comunicado, que selecciona y acomoda hechos para presentar una conclusión, al menos engañosa, no recuerda en su listado uno de los asuntos que más contribuyó al aumento exponencial de los asesinatos por parte de la fuerza pública. La directiva 029 de 2005 expedida por el Ministerio de Defensa en cabeza de Camilo Ospina Bernal reglamentó un amplio sistema de recompensas que incluía el pago de dinero en efectivo y la obtención de licencias y vacaciones por bajas durante operaciones militares. La instrucción premiaba, entre otras cosas, que los soldados mataran guerrilleros. Las responsabilidades por los falsos positivos es un tema que aún no se resuelve definitivamente. La justicia colombiana no ha establecido con claridad las relaciones explicativas entre los hechos. Sin embargo, va a ser complicado que nos acerquemos a “la verdad”, que reflexionemos sobre las malas decisiones que se tomaron, sobre los diseños institucionales perversos, si un sector de la sociedad se niega a hacerlo. Sin Álvaro Uribe, sin el Centro Democrático, sin los fondos ganaderos, sin los terceros implicados en la guerra, sin su disposición a revisar sus actuaciones, va a ser muy difícil que en este país tengamos eso que llaman de manera grandilocuente “la verdad”. La invitación de la Comisión es justamente esa, que nos preguntemos, todos, qué hicimos para que la tragedia nos atravesara.  A que pensemos dónde estábamos y cómo actuábamos, todos, mientras estaban asesinando a buena parte de la población colombiana.