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En el año 2021, la Veeduría Todos por Medellín denunció que en el INDER se creó una aplicación llamada «Dímelo», en la cual los contratistas de la entidad debían llenar los datos de 20 familiares y amigos para contar votos en apoyo a las campañas al Congreso de Juan Camilo Londoño y León Freddy Muñoz, ambos del Partido Verde.

«Lo único que importa aquí es esa aplicación, nada más», le decía un funcionario en cuestión a una de las contratistas cuando esta lo cuestionaba por el debilitamiento de la oferta deportiva y recreativa en varios barrios de la ciudad.

En ese momento, yo cumplía mi labor como coordinador social de la Veeduría y me correspondió hablar con muchas personas sobre este tema. Cuando se hizo esta denuncia pública, inmediatamente retiraron la aplicación de la web. Yo vi la aplicación, los chats de WhatsApp y las presiones que se estaban ejerciendo. Hoy, muchos contratistas y excontratistas pueden dar fe de ello.

Lo más indignante de toda la situación era el chantaje al que se veían sometidos quienes antes eran funcionarios destacados de una de las entidades más queridas por la ciudad. Se sentían solos, impotentes y en una inestabilidad que provocó graves problemas de salud mental a muchos de ellos.

Al final, por necesidad y carencia, muchos tuvieron que acceder al chantaje, ya que conservar su puesto era lo más importante en esos momentos.

El clientelismo, en sus diversas formas, se convierte en la captura de nuestras instituciones por parte de mercaderes del Estado que necesitan del chantaje y la presión para poder acceder a cargos públicos o ganar competencias electorales. Son unos mediocres.

Muchos argumentan que es ingenuo e idealista pensar en un gobierno con funcionarios que estén allí por mérito y no por conexiones políticas, ya sea por conseguir votos para un candidato o por utilizar su cargo para favorecer a empresas que financiaron las campañas de sus padrinos políticos. Yo no lo creo. Eso es lo que siempre deberíamos exigir.

Y no me malinterpreten, es normal que un político que busca un cargo ejecutivo pueda llevar a su equipo, pero convertir las instituciones en feudos electorales con presupuestos y puestos para equipos políticos es completamente diferente.

La evidencia en Medellín nos ha mostrado que, por esa vía, llegan en su mayoría personas sin las competencias necesarias para el cargo o que deciden usar su posición para fortalecer las campañas de quienes los «ayudaron». Los políticos y sus contratistas se enriquecen, mientras mantienen a los ciudadanos en una relación de subordinación, ya que ellos son los intermediarios para subsidios, apoyos o recursos.

¿Llegará el día en que la negociación política se base en ideas y presupuestos concretos para territorios y poblaciones? ¿Llegará el día en que personas altamente capacitadas puedan formar parte de lo público sin tener que lamerle las botas a un político?

Llevamos años y varias administraciones en las cuales la continuidad de un contrato en el sector público depende de si apareces o no en una lista con un padrino al lado o, como en el caso del INDER, si demostraste que ayudaste activamente a uno de esos mercaderes. ¿Vamos a seguir normalizando una situación tan deplorable?

Con la reciente denuncia de la Veeduría sobre #UnCartelEnMedellín, en la que identificaron 120.000 millones de pesos entregados a dedo a 22 empresas, queda en evidencia que todo forma parte de la misma red, que es la manifestación de la crisis ética que aún no hemos resuelto como ciudad. Queda claro que el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción.

La próxima administración tendrá que negociar con los concejales sus políticas para la ciudad, pero el desafío que enfrentará será elevar los estándares éticos para cambiar las formas de esta transacción y no seguir fortaleciendo a quienes han saqueado nuestros recursos públicos durante años.

No saldremos de esta crisis ética si seguimos repitiendo los mismos patrones. Esa es la cuestión. La ciudad merece más.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/wilmar-andres-martinez-valencia/