Carbón y níquel, una puja entre la exclusión, el hambre de ganancias, las exigencias y el inconformismo: Gente local que sufre un problema ajeno, y un severo impasse de derechos…Es difícil imaginarse un escenario en el que ocurrieran todas estas cosas al mismo tiempo. Pero, para su sorpresa, esa es la realidad de Córdoba y La Guajira, al mismo tiempo que se han dado situaciones complejas en el orden público en otras regiones al norte del país.
Tendrá que saber que todo comienza con el paro minero del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba a mediados de marzo. El gobierno nacional realizó operativos bajo el ejército y la policía para destruir maquinaria minera -dragas, retroexcavadoras, etc- que no estuviese registrada y/o formalizada según el Decreto 1035 del 2024. Estas acciones provocaron que una buena porción de los asalariados mineros salieran a manifestar su indignación, dado que gran parte del capital operativo de estas industrias consiste de maquinarias con elevados costos de formalización, los cuales superan las capacidades de las propias empresas locales para certificarlo.
La situación se tornó grave cuando se bloqueó el troncal que conecta el interior del país con la Costa Atlántica, afectando el tránsito por la zona entre Caucasia y Zaragoza, y ello trajo consigo millonarias pérdidas económicas diarias, donde los perdedores fueron el sector transporte, el sector alimentario, el sector gas e incluso se afectó la entrada de insumos médicos para la región. La exigencia de los manifestantes era que pudiera formalizarse la pequeña y mediana minería, se reconociera su vocación minera, se frenara la destrucción de equipos, y se conformasen mesas técnicas ambientales. Múltiples vertientes del problema que desembocaron en más problemas se gestaron durante esta coyuntura.
Y claro que, una vez el gobierno nacional logró calmar las demandas y concertar negociaciones a finales del mes pasado, usted podría llegar a pensar que ese fue el fin de la historia. Sin embargo, ha habido secuelas, dejándonos en claro que el problema minero resultó ser más profundo de lo esperado. En este momento, los bloqueos persisten y se han agravado en la planta de níquel de Cerro Matoso (Córdoba), en paralelo a bloqueos a la producción de carbón en La Guajira (pero centrémonos en Córdoba). La cantidad de perdedores ante el problema ha bajado, los únicos que siguen en las malas son la industria minera…
Pero ¿habrán otros perdedores dentro de todo este escenario? Seguramente, los mismos espectadores del problema, nuestros propios protagonistas: Las comunidades locales.
En primer lugar, a pesar de los elevados costos de transacción para la formalización de industrias mineras suspendidas entre el umbral de legalidad e ilegalidad, el tiempo que han estado explotando la tierra -incluso desde mucho antes de que se formalizaran algunas- precede generaciones enteras de locales en la zona.
Piense usted, vivir su día a día con el río que provee de agua a su barrio, sus familiares y vecinos. Vivir con un río contaminado por el mercurio que deja la explotación minera, vivir con una tierra que progresivamente se degrada por su concentración y des-uso por entidades ajenas a usted, y encima tener poco espacio para vivir de sus aparcerías, de su propia cosecha y/o suministro regional. Esa sería la realidad de la gente, que acaba en el fuego cruzado entre las palabras de Juan Camilo Nariño -presidente de la Asociación Colombiana de Minería- quien dice que “El derecho a la protesta es legítimo, pero al tiempo debe respetarse la institucionalidad y garantizar los derechos fundamentales de operaciones industriales que comprometen la productividad de las regiones” y los manifestantes inconformes, cuyo conflicto con las autoridades no se va a arreglar pronto.
Si pensáramos como locales, yo le pregunto: ¿Vale más el derecho de quién afecta cómo vive? o ¿vale más el derecho de sus cercanos a vivir bien? ¿Y cómo se determina el valor de esos derechos en una tierra que lamentablemente compartimos todos?
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