En Colombia en 2026 no se trata simplemente de elegir entre derecha e izquierda; el problema de fondo es otro: decidir si el país quiere seguir construyendo una democracia liberal con pesos y contrapesos, o si está dispuesto a estancarse en una lógica plebiscitaria en la que el poder ejecutivo, representado por un gobierno populista, termina convertido, supuestamente, en el único intérprete de la voluntad popular.
En ese sentido, Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) representa hoy la continuidad funcional de un proyecto político, el Pacto Histórico (@PactoCol) en cabeza de Gustavo Petro (@petrogustavo), que ha dejado un país más polarizado, fiscalmente más debilitado e institucionalmente más erosionado que el recibido hace cuatro años.
Las cifras son elocuentes. El déficit fiscal de Colombia superó el 7% del PIB en 2025; la deuda pública continúa creciendo; el sistema de salud atraviesa una crisis operacional sin precedentes tras la intervención estatal sobre varias EPS; y el deterioro de la seguridad es inocultable: secuestros, extorsiones y control territorial de grupos armados han aumentado en distintas regiones del país. A eso se suma la expansión de formas de clientelismo estatal mediante contratos de prestación de servicios y una narrativa permanente de confrontación contra las Cortes, el Congreso, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que no le son afín.
Ahora, el problema verdaderamente inquietante aparece cuando, además del fracaso administrativo, emerge el síndrome de Adán, la tentación refundacional. Ahí es donde la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Petro deja de ser una simple discusión jurídica y se convierte en un riesgo político real.
Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny), un jurista lejos de cualquier extremo conservador, escribió recientemente en El Espectador (@elespectador), que la propuesta de constituyente del gobierno es “improvisada, innecesaria e inconveniente”, y advirtió algo aún más grave: que una constituyente abierta, en medio del actual clima de polarización, podría poner en riesgo los alcances democráticos de 1991.
No se trata de sacralizar la Constitución ni de negar la posibilidad de reformarla. El constitucionalismo democrático contempla mecanismos legítimos de transformación institucional. Pero una cosa es reformar la Constitución y otra muy distinta es utilizar la polarización para abrir un proceso constituyente impulsado desde el poder presidencial.
Las constituyentes, en América Latina, con frecuencia terminan convirtiéndose en mecanismos de concentración de poder alrededor de liderazgos carismáticos que hablan en nombre del “pueblo” mientras debilitan los contrapesos republicanos, como bien lo saben los venezolanos.
Hannah Arendt advertía en ‘Los orígenes del totalitarismo’ que uno de los rasgos más peligrosos del populismo autoritario es su pretensión de encarnar directamente la voluntad popular por encima de las instituciones. Y ahí radica la inquietud de fondo: Iván Cepeda no ha rechazado de manera clara y categórica la idea de una constituyente promovida por Petro. Tampoco ese rechazo quedó consignado en sus recientes acuerdos políticos con la Alianza Verde (@PartidoVerdeCoL) y En Marcha (@SomosEnMarcha).
El silencio, en política, también es una forma de consentimiento, que en este momento de la campaña electoral expresa, a gritos, la tentación constituyente de Cepeda.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-felipe-suescun/
