Recientemente se ha planteado una compleja dicotomía entre la técnica y la política como fórmulas de gestión y comportamiento en los asuntos públicos. En esta discusión, la política suele llevar las de perder –al menos discursivamente-, menospreciada por la objetividad y la “justicia” de las decisiones y formas de la tecnocracia.

Esta desigualdad no quiere decir que podamos menospreciar los aportes que la tecnificación de las administraciones públicas ha hecho para mejorar algunas de las formas de la gestión pública, basadas en modelos arcaicos, lentos y, sobre todo, patrimonialistas. Sin embargo, la tentación de poner la técnica por encima de todo en el servicio público se hace presente y está suponiendo un riesgo importante de olvidar que lo público es, por definición, político.

Reivindicar la política en esta discusión no solo es un llamado a la realidad, que puede verse como un aporte del pragmatismo. En efecto, la política permite afinar ideas y decisiones a través de la deliberación y la compresión contextual, pero, sobre todo, permite dotar de legitimidad a las políticas y acciones públicas emprendidas por el servidor público.

La política también puede permitir diseñar soluciones más integrales a los problemas públicos, en tanto reconozca y tenga en consideración los intereses, la viabilidad y las relaciones sociales en los contextos de decisión pública; y hecha correctamente, puede mejorar su aceptación entre las personas. Las decisiones absolutamente técnicas sin sensibilidad política pueden volver impertinente e inviable cualquier esfuerzo en el largo plazo, y ni las mejores intenciones son suficientes si no pueden mantenerse en el tiempo.

La legitimidad de las decisiones públicas es ante todo un asunto de alcanzar consensos sociales; es decir, acordar mínimos que sean incluyentes y garanticen la mayor cantidad de participación posible. Esto suele ser complejo de lograr y en ocasiones costoso, pero puede mejorar sustancialmente las posibilidades de éxito de una decisión pública.

Ahora bien, la insistencia en reivindicar la importancia de la política no es, ni mucho menos, una denuncia de la técnica.  La preocupación por mejorar procesos, instituciones y decisiones públicas ha procurado muchos beneficios en la gestión pública. No solo eso, la técnica señala la importancia de tener en cuenta mejor y más información, y reconocer la relevancia de la investigación y gestión del conocimiento a la hora de tomar decisiones colectivas.

Así, sumar evidencia rigurosa a la toma de decisiones permite no solo complementar los procesos deliberativos juiciosos, sino que mejora, de nuevo, las posibilidades de éxito. Lo primero es entonces reconocer la importancia de las fuentes de información rigurosas, el método de recolección y comparación juiciosa y en general, la disposición abierta y amplia de conocer nueva evidencia, poner en duda prejuicios e ideas viejas y experimentar constantemente qué ha permitido el avance de la ciencia en la historia humana.

Al final, y como muchísimas otras cosas en la vida, la moderación sea lo más razonable. La técnica sin política puede resultar impertinente y poco legítima, y la política sin técnica puede ser injusta y poco efectiva.

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