Arranca 2024, un año que marca un punto definitivo en el mandato constitucional de Gustavo Petro. En agosto, el presidente habrá llegado a la mitad de su periodo, y claro, al ocaso de su gobierno. Esta vez la campaña para sucederlo empezará mucho más temprano de lo normal, incluso hay quienes se atreven a decir que las primeras de cambio fueron en octubre pasado.

 Por su parte, el legislador tiene claro que su permanencia en el congreso está irremediablemente ligada a la forma como interpreta los deseos y necesidades de los electores, que hoy, como evidencian los sondeos de opinión, la mayoría están en contra del presidente. Sin embargo, con la entrada en marcha de un nuevo periodo de sesiones, el gobierno intentará aceitar su maquinaria para dar trámite a la agenda legislativa. Las “reformas sociales” ha sido una obsesión de Petro desde que llegó al poder, la que más controversia ha generado en la opinión pública y más costo político ha tenido para el presidente es la reforma a la salud.

 Petro y los ministros de esa cartera –Corcho y Jaramillo– han optado por un ataque sin cuartel al sistema como estrategia para debilitarlo y tratar de imponer su modelo. Sus acciones van desde el desprestigio y la difamación de aseguradores, hasta la negación de los avances y capacidades instaladas en estas tres décadas de vigencia. La nueva reforma pretende delegar muchas de las funciones de las EPS en agentes estatales, impone un modelo de atención primaria que dificulta el acceso a especialistas y elimina la competencia y la elección de los pacientes para determinar el prestador del servicio, entre muchas otras cosas.

Por el momento, pues la reforma no ha sido aprobada, el no giro de recursos del gobierno a las EPS y el desface de la UPC están generando una asfixia financiera, que de seguir así llevará a una inminente quiebra el sistema de salud. El proyecto de ley carece de estudios de viabilidad técnica y financiera y tiene claros vicios en su trámite, que podría generar una declaratoria de inexequibilidad de la Corte Constitucional. El daño que se ha causado en este tiempo pone en peligro el mayor logro en materia social y una de las políticas públicas más importantes de la reciente historia de nuestro país.

Aunque los fracasomanos se empeñan en negarlo y destruirlo, el colombiano es, tal vez, de los mejores sistemas de salud del mundo. Aquí algunas evidencias que lo respaldan: hace 30 años cuando pasamos del Seguro Social al actual sistema se hizo con la premisa que cualquier colombiano, sin importar estrato o capacidad de pago, podría acceder a un plan de beneficios con medicamentos y tratamientos estándar que garantizarían la materialización del derecho a la salud.

En tres décadas, uno de los logros más impresionantes ha sido la cobertura universal, pero también la protección financiera; esto quiere decir que, ante una enfermedad de alto costo un colombiano no verá altamente impactado su patrimonio a la vez que accede a tratamientos de calidad.

El sistema de salud se financia de forma mixta, con aportes privados de cada afiliado y su empleador y otra parte que gira el Estado a las EPS, que en la práctica son aseguradoras encargadas de garantizar el acceso y el goce efectivo. El PBS tanto para contribuyentes como beneficiarios está homologado.

El modelo Petro concibe que las EPS desaparecen y pasan a jugar un papel mínimo o secundario y las secretarias de salud municipales asumen sus funciones, generando así un riesgo de corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Si bien, son muchos los retos en materia de acceso en las zonas más apartadas del país, el tratamiento interdisciplinar de algunas patologías o el fortalecimiento de un sistema mucho más enfocado en la medicina preventiva que en la reactiva, son innegables las inmensas bondades de un sistema que hoy está enfermo y en riesgo de colapso por la mezquindad de un gobierno y la complicidad de muchos senadores y representantes. El fin del sistema, como lo conocemos, no es solo el fin de EPS o modelos de atención, puede ser el fin de la vida de muchos pacientes en todo el país. Cuidar y defender el sistema debe ser un compromiso no solo político, también es un deber ético.

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