Pocas ciudades en el mundo han padecido en su historia una magnitud de violencia tal como la que vivió Medellín desde los años 80, cuando el narcotráfico y la gobernanza mafiosa se enquistaron en su territorio, en su economía y en su cultura. Pese a esto, en un esfuerzo por la supervivencia, la institucionalidad y la sociedad civil lograron que la Ciudad emergiera del fondo del abismo para convertirse en un referente de transformación en América Latina y en el mundo.
No obstante, la violencia nunca desapareció por completo. Su intensidad cíclica aumenta y disminuye en virtud tanto de factores endógenos como exógenos. En nuestros días, y pese a que las estadísticas muestran una aparente reducción del 16% en homicidios durante el 2024, un preocupante 26% de los delitos sigue vinculado a estas estructuras, lo que evidencia que la ciudad atraviesa un momento de transformación y reorganización de la criminalidad que se ha convertido en un caldo de cultivo para una nueva explosión de futuras violencias. En gran medida, este fenómeno se debe a la implementación de las políticas de “paz urbana”, promovidas por Gustavo Petro en el marco de su “paz total”.
La estrategia de negociar con delincuentes como lo propone el gobierno actual no desarticula el crimen, sino que fomenta su reestructuración y consolidación. Al legitimar la presencia de estos grupos por medio de mesas de negociación, se abre una ventana de oportunidad para que amplíen su influencia territorial, diversifiquen sus actividades y aumenten sus rentas ilegales, facilitando así un poderío armado sin precedentes, el cual desborda la capacidad del Estado para asegurar la vida, la propiedad y la libertad en la ciudad.
Iniciativas como el programa “Jóvenes en paz”, por ejemplo, no sólo desvía recursos que podrían destinarse al fortalecimiento y a la inteligencia de las fuerzas militares y de policía, sino que se convierte en un acicate para nuevas formas de reclutamiento, en donde los jóvenes cooptados por tales estructuras mantienen su militancia armada mientras reciben un pago estatal para seguir delinquiendo. Este enfoque asistencialista, por su misma naturaleza, está destinado a fracasar, pues en lugar de disuadir, logra lo contrario, incentivar el crimen, mostrando que el camino de la delincuencia sí paga.
Pero además, si miramos con detenimiento, la reducción estadística de homicidios resulta engañosa si se considera que la criminalidad se ha fragmentado en delitos menores y formas de violencia que no se reflejan en las cifras oficiales. La “paz total” viene consolidando un escenario de tolerancia institucional hacia estos grupos, en lugar de su sometimiento al Estado de Derecho. Esto debilita la percepción de seguridad entre los ciudadanos, los cuales se ven atrapados entre los estragos de la violencia y la impotencia ante la impunidad.
Agravando el contexto anterior, debemos considerar también las amenazas de carácter exógeno que atraviesa la Ciudad. Medellín se ha convertido en un punto estratégico para grupos delincuenciales internacionales. Reportes recientes destacan capturas de criminales ligados a mafias como la Camorra Italiana, el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos. Así pues, lejos de la pacificación que pregonan algunos, Medellín se ha transformado en un centro neurálgico de operaciones transnacionales, facilitado por la percepción de un Estado débil que permite a estas redes expandir su influencia global y profundizar la inseguridad local. Es imperativo por tanto cuestionar si la engañosa “paz urbana”, que prioriza la impunidad sobre la acción contundente del Estado, está realmente orientada a garantizar la seguridad de Medellín, o si se trata de todo lo contrario, pues la evidencia sugiere que, al no enfrentar de manera decidida al crimen organizado, se configura un ambiente propicio para una nueva configuración de la gobernanza mafiosa en la ciudad, lo que compromete la estabilidad urbana en el mediano y largo plazo.
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