La semana pasada el alcalde de Medellín anunció que varios eventos culturales de la ciudad, en particular la Feria de las Flores y la Fiesta del Libro, tendrían recortes en su presupuesto. Un anuncio que fue refrendado por el secretario de cultura ciudadana del distrito. Ambos funcionarios culparon al Concejo de la ciudad, que hace unas semanas negó una adición en las transferencias de EPM, del desfinanciamiento. En particular, a un grupo de “concejales opositores”. Es una mala razón o al menos, insuficiente para entender porqué el distrito no tiene el dinero suficiente para adelantar dos eventos que no solo están programados y se deben estar organizando desde hace meses, sino que ocurren cada año y en la misma fecha. No deberían llegar como sorpresas e incluso el más extraño de los sobrecostos (que en este caso no ha ocurrido) no debería amenazar su realización “según lo presupuestado”.

Y entonces aquí pueden estar pasando varias cosas. Lo primero, que efectivamente la reducción sistemática del presupuesto de la Secretaría de Cultura Ciudadana en estos últimos tres años ya esté poniendo en riesgo incluso eventos de esta magnitud y tradición. En efecto, mientras en 2018 la ejecución de esta dependencia estaba en 153 mil millones de pesos (el 2,36% del presupuesto municipal) y en 2019 lo ejecutado estuvo en 160 mil millones (2,6% del presupuesto total), en 2020 la ejecución fue de 110 mil millones (el 2% del presupuesto municipal), en 2021 fue de 128 mil millones (1,8%) y en 2022 fue de unos 110 mil millones (1,6%). Habrá que esperar al final de año para conocer la ejecución de 2023, pero es difícil ser optimista.

Lo segundo, es una general subestimación de la relevancia de la política cultural desde la administración de la ciudad. Medellín tiene una larga tradición de acción pública cultural. Hemos confiado muchos procesos de resolución de problemas públicos, desde la violencia homicida, la complementariedad educativa, la inclusión social, la apropiación del espacio público y la adopción de comportamientos que promueven la convivencia en nuestras políticas de cambio cultural. No solo eso, las últimas dos décadas los gobiernos locales han compartido un compromiso con el apoyo al arte y la cultura como la mejor forma de garantizar los derechos de acceso cultural de la población. Pero el rol de estas dos constantes ha sido en su mayoría ignorado en los últimos tres años, incluso, cuando tanto por necesidad económica, como por necesidad de cambio cultural, una apuesta vigorosa hubiera sido tan necesaria en los periodos de pandemia y postpandemia.

Lo tercero puede ser simple mezquindad. Reducir los recursos de la cultura es al tiempo lo más sencillo y lo que puede usarse como mejor recurso político en estos momentos preelectorales. Precisamente porque permite culpar a otros (los “concejales opositores”) e intentar sacarle algo de rédito político a todo este asunto. Es la mejor defensa frente a los efectos de la incompetencia o la malicia.

Quizá son las tres cosas. Y por eso, y de nuevo, y como en tantas ocasiones, se embolata la plata de la cultura.

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