El Gobierno de Gustavo Petro prometió una nueva era de paz y seguridad en las ciudades colombianas, pero su estrategia de negociación con estructuras criminales urbanas ha resultado ser un completo fracaso, lo cual no podía suceder de otra manera, pues como lo ha enseñado repetidas veces nuestra historia dolorosa, negociar con delincuentes sólo perpetúa los ciclos de violencia. Así pues, en lugar de reducir la criminalidad, estas negociaciones han permitido que las Estructuras Criminales fortalezcan su poder de fuego y su control territorial, dejando a la ciudadanía amordazada y atemorizada por las armas de los delincuentes.

Desde el inicio de su mandato, Petro propuso un enfoque manido, repetido cada tanto en nuestro país, y de ineficacia comprobada, para tratar con el crimen urbano, basado en el supuesto deseo de diálogo y negociación por parte de estas organizaciones. En el Valle de Aburrá, la primera mesa se instaló el 2 de julio de 2023 en la cárcel de Itagüí. La premisa era que estas estructuras, al ser incluidas en procesos de paz y programas de reintegración, abandonarían sus actividades ilegales. Sin embargo, tal visión resultó no sólo ser ingenua, sino sumamente peligrosa.

Primero, porque negociar con criminales ha socavado la autoridad del Estado. Las estructuras criminales entendieron estas negociaciones como un signo de claudicación en el sometimiento al imperio de la ley, lo cual ha generado en ellas el envalentonamiento propio de quien se siente invulnerable. Sectores de la ciudad que antes estaban relativamente controlados, ahora se encuentran sumidos en el caos, con un aumento en robos, extorsiones y homicidios, los cuales, por ejemplo, hace rato superaron los cien casos en lo corrido del 2024.

Como si fuera poco, estas negociaciones han entregado al crimen organizado una legitimidad que termina convertida en narrativa justificatoria, sostenida sobre el viejo relato de las “condiciones objetivas del delito”. Al sentarse a la mesa con representantes del gobierno, estos grupos han ganado un estatus que les permite operar con mayor impunidad. Tal validación institucional ha reforzado sus economías ilegales y ha complicado los intentos de las fuerzas de seguridad para desmantelar sus redes.

Las consecuencias nefastas de negociar con criminales y no someterlos a la ley por medio de la fuerza del Estado serán de larga data y se traducirán en sangre, muerte y pobreza. La confianza en las instituciones públicas ha menguado. La legitimidad del sistema judicial también se ha erosionado, pues queda el mensaje perverso para las nuevas generaciones según el cual la justicia es venal, y aunque se trate del delincuente más atroz, o del crimen más execrable, siempre habrá un político dispuesto a otorgar impunidad mientras se le garanticen votos y permanencia en el poder.  

En síntesis, la tal “Paz Urbana” ha sido un completo desastre. Sumemos nada más un dato adicional para concluir: todo este sainete no pasa de ser política del espectáculo, palabrería vacía, fuegos fatuos propios del talante populista del gobierno de Gustavo Petro, pero cuyas consecuencias las viven las comunidades más pobres. Pese a la sentencia C-525 de 2023, no existe hoy en día un marco legal para el sometimiento de estas estructuras, que sólo en Medellín cuentan con más de catorce mil personas en armas.

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