Lo ocurrido frente a la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande no debería celebrarse desde ningún sector político. Tampoco relativizarse. Y mucho menos justificarse en nombre de la memoria histórica o de la paz.
Un grupo de simpatizantes del Pacto Histórico llegó hasta las inmediaciones de su vivienda para pintar sobre un muro la cifra que recientemente actualizó la Jurisdicción Especial para la Paz sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia: 7.837 víctimas documentadas hasta ahora. Una cifra devastadora. Dolorosa. Imposible de ignorar. 
Pero precisamente porque el dolor es tan grande, porque el país arrastra heridas tan profundas y porque las víctimas merecen toda la verdad y toda la justicia, Colombia tiene la obligación moral de entender que la paz jamás puede construirse desde la instigación al adversario.
Hay algo que debe quedar absolutamente claro: reconocer la gravedad de los crímenes de Estado no implica aceptar que el odio sea una herramienta legítima de acción política. Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron. Son una realidad documentada judicialmente. Son una herida abierta para miles de familias colombianas. Y el país tiene el deber ético de escucharlas, repararlas y garantizar que jamás vuelvan a repetirse. Negarlo sería una infamia.
Lo que sí es una infamia es utilizar ese dolor para alimentar escenarios de confrontación humana donde el objetivo deja de ser la verdad y pasa a ser la provocación.
Colombia tiene que entender que el debate democrático no se hace yendo hasta la casa del contradictor a intimidar. El debate democrático no consiste en convertir la intimidad familiar en una plaza de confrontación ideológica. El debate se da en las instituciones, en la justicia, en la academia, en el periodismo, en el Congreso, en los espacios públicos de deliberación. Se da y se gana con argumentos, con verdad, con pruebas, con humanidad. No se gana con infamia, hostigamiento, ni exponiendo la seguridad de una familia y mucho menos perpetuando la violencia que tantas vidas nos ha costado.
Y eso debería preocuparnos profundamente como sociedad. Porque cuando la política pierde los límites éticos y empieza a justificar que cualquier causa permite invadir el espacio del otro, el país entra en una pendiente extremadamente peligrosa. Hoy fue la casa de Uribe. Mañana puede ser la de cualquier colombiano que piense distinto.
La democracia empieza a romperse cuando dejamos de reconocer que incluso quienes representan aquello que rechazamos siguen siendo seres humanos.
Además, hay un elemento particularmente delicado que el país no puede ignorar: la cifra de 7.837 víctimas corresponde a una actualización metodológica realizada por la JEP tras ampliar el período de análisis entre 1990 y 2016 y cruzar nuevas bases de datos. Antes, el universo provisional conocido era de 6.402 casos entre 2002 y 2008. 
Eso no disminuye la gravedad de los hechos. No relativiza el horror. No borra responsabilidades históricas ni políticas. Pero sí exige rigurosidad, precisión y responsabilidad ética al momento de usar las cifras públicamente. Porque cuando el dolor de las víctimas se convierte en consigna de guerra política, las víctimas terminan siendo instrumentalizadas por todos los bandos.
Y Colombia ya sufrió demasiado por culpa de quienes convirtieron el miedo y el odio en combustible electoral.
Lo más preocupante de todo es que pareciera que hemos normalizado la idea de que humillar al contradictor es una forma válida de hacer justicia simbólica. Como si la reconciliación nacional pudiera surgir del escarnio. Como si la memoria pudiera sostenerse sobre la agresión.
No puede.
La paz exige algo mucho más difícil que señalar culpables: exige límites morales incluso frente a quienes pensamos que cometieron errores gravísimos. Exige defender la dignidad humana aun en medio del desacuerdo más profundo. Exige entender que el país no va a sanar si cada sector político convierte al otro en un enemigo absoluto.
Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de diferenciar entre justicia y odio, termina incubando tragedias.
Y Colombia sabe demasiado bien hacia dónde conduce la instigación permanente.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede analizarse aislado del clima de agresión verbal, polarización y deshumanización que se ha instalado en el debate público colombiano. Ningún crimen tiene una única causa. Pero sí existen contextos sociales que degradan los límites éticos y convierten al contradictor en objetivo.
Las palabras importan. Los símbolos importan. Los actos de hostigamiento importan.
Cada vez que la política deja de ver personas y empieza a ver enemigos irreconciliables, el país retrocede décadas.
Por eso Colombia necesita algo más valiente que la rabia: necesita sensatez. Necesita líderes capaces de defender la verdad sin alimentar el odio. Necesita ciudadanos capaces de exigir justicia sin perder la humanidad. Necesita entender que reconocer el sufrimiento de las víctimas jamás puede convertirse en una licencia para la agresión.
No hay paz posible cuando la dignidad humana depende de quién gobierna o de quién piensa como nosotros.
Y quizás el mayor desafío de esta generación sea precisamente ese: aprender a defender nuestras convicciones sin destruir moralmente a quienes no las comparten.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
