El 21 de septiembre de cada año es la fecha escogida para conmemorar el Día Internacional de la Paz. Se puede tomar como un llamado válido para que globalmente cesen los conflictos armados, se construyan sociedades pacíficas y se eviten errores del pasado. A su vez, la fecha se puede justificar en que la paz no es una condición dada, sino una construcción política, colectiva y frágil, que requiere además la adhesión a acuerdos básicos sobre los límites al uso de las armas y al respeto a los derechos fundamentales en caso de confrontación armada.
Después de más de 30 años, el balance del mundo en el marco del Día Internacional de la Paz es, cuando menos, agridulce. Gaza sigue bajo fuego, Ucrania no ha conocido una tregua verdadera, Sudán enfrenta una crisis humanitaria devastadora, y en Colombia, donde se firmó uno de los acuerdos de paz más ambiciosos del mundo, el conflicto se fragmenta y muta sin descanso. No hay alto al fuego global. Y la voluntad política no alcanza para que el 21 de septiembre sea algo más que una efeméride en redes sociales.
¿Ha servido de algo entonces? En términos simbólicos, quizá ha servido como recordatorio incómodo de lo que seguimos sin alcanzar. Porque si después de tres décadas lo único que podemos mostrar es un puñado de actos conmemorativos y declaraciones diplomáticas, entonces la paz –como concepto y como promesa– sigue estando más lejos de lo que nos atrevemos a reconocer.
Y hay otro factor que complejiza aún más este panorama: el papel del crimen organizado como una amenaza difusa, transnacional y cada vez más sofisticada para la paz. La criminalidad no declara la guerra, pero debilita los Estados, captura instituciones, corrompe economías y normaliza la violencia. En América Latina, África y algunas regiones de Asia, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y las extorsiones han reemplazado al fuego cruzado tradicional como principal fuente de inseguridad.
Estos actores buscan perpetuar su control, bajo una lógica que no es política, sino empresarial. Y, sin embargo, su capacidad de desestabilización no es menor: lo hemos visto en Ecuador, en México, en Colombia, donde los equilibrios entre seguridad y convivencia son frágiles en diversos lugares. Frente a la criminalidad organizada, la diplomacia se queda corta y los mecanismos de respuesta estatal parecen siempre un paso atrás.
Si el Día Internacional de la Paz quiere tener algún sentido en este siglo, debe ser más que una conmemoración. Debe ser una provocación. Una interpelación directa a los Estados, a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre los silencios que se permiten y las violencias que se normalizan. Porque la paz, si ha de tener futuro, debe dejar de ser un acto simbólico.
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