El 7 de agosto, Abelardo de la Espriella recibe un país en el punto más alto de la coca. Y llega con una promesa nítida: acabarla. Fumigación, erradicación masiva, la coca arrancada en dieciocho meses. Es un mandato de mano dura y buena parte del país lo respaldó en las urnas. La pregunta que me interesa no es si esa voluntad es legítima —lo es—, sino si alcanza.
Vale la pena mirar atrás antes de prometer. La erradicación forzosa no es una idea nueva: es, más bien, lo que Colombia ha hecho durante tres décadas. El año de mayor aspersión aérea fue 2006, con cerca de 172.000 hectáreas fumigadas. No faltó decisión ni recursos. Y, sin embargo, los cultivos volvieron una y otra vez a los mismos suelos. Hoy, nueve de cada diez hectáreas sembradas están en territorios que ya tenían coca hace diez años. La mata se arranca; el problema se queda.
Esa terquedad de la coca por regresar al mismo lugar no es un misterio agronómico. Es político. Donde el cultivo persiste, persiste también quien lo gobierna: estructuras armadas que cobran, regulan, fijan las reglas y, en no pocos territorios, reemplazan al Estado. Erradicar sin disputar esa autoridad es como podar un árbol cuya raíz sigue intacta. A los pocos meses, sobre la tierra raspada, el mismo actor vuelve a sembrar, porque nadie le quitó el control de la zona.
Ahí está, para mí, el punto ciego de una política que se mide en hectáreas. El narcotráfico no se sostiene en las matas, sino en dos cosas que la erradicación no toca: las finanzas que mueven el negocio y la autoridad que el crimen ejerce sobre el territorio. Mientras el lavado de activos siga fluyendo y en esas zonas siga mandando quien hoy manda, el conteo de hectáreas destruidas será una cifra para el informe anual, no una medida del problema resuelto. Ya lo hemos visto: los récords de erradicación conviven, sin contradecirse, con los de cultivo.
No es un reparo a la firmeza, sino a su eficacia. Una política que de verdad quiera reducir la coca tiene que entrar también en lo que sostiene el control del territorio: presencia estatal que no se vaya cuando se va la avioneta, seguridad jurídica sobre la tierra, una ruta para que producir y traficar resulte más riesgoso, y una persecución seria de los capitales del crimen. Sin eso, la fumigación es un gasto que se evapora con la próxima cosecha.
Hay, además, una herencia que el nuevo gobierno no escogió, pero que recibe igual. Miles de familias que firmaron los programas de sustitución tras el Acuerdo de Paz siguen esperando que el Estado cumpla con lo prometido. Son familias que ya apostaron por salir de la coca y a las que el Estado dejó a mitad de camino. Cómo las trate el gobierno entrante dirá, antes que cualquier discurso, qué tan en serio va con el campo. Quien promete arrancar la coca debería empezar por no romper la palabra con quienes aceptaron arrancarla.
El reto, entonces, no es de voluntad: esa, seguramente, sobra. Es no confundir el síntoma con la enfermedad. La hectárea es lo que se ve; la autoridad sobre el territorio es lo que decide. Un gobierno puede fumigar hasta el último arbusto y, si no cambia quién pone el orden allá donde la coca crece, habrá ganado el titular y perdido el territorio. La mata vuelve. La pregunta es si esta vez vamos a arrancar también la raíz.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
