Hace exactamente diez años, el 6 de julio de 2015, Colombia promulgó la Ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, impulsada por la indignación colectiva frente al brutal crimen que visibilizó lo que durante décadas había sido normalizado: el asesinato de mujeres por razones de género. Fue un logro de las organizaciones de mujeres y un mensaje firme contra la impunidad. Pero una década después, el balance revela más deudas que avances.
La Ley fue un paso decisivo al tipificar el feminicidio como delito autónomo, cerrar vacíos jurídicos y establecer mecanismos de investigación y sanción. Sin embargo, su implementación ha estado lejos de ser eficaz. Persisten prejuicios en el sistema judicial, deficiencias en la atención a las víctimas –sobre todo en zonas rurales– y una impunidad que sigue siendo la regla.
A esto se suma la dificultad para la consolidación y presentación de las cifras. En 2024, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, 872 mujeres fueron asesinadas; la Policía reportó 988 casos, y la Defensoría del Pueblo registró 198 feminicidios hasta noviembre. La diferencia obedece a enfoques distintos: mientras algunas instituciones parecen intentar registrar el universo de asesinatos de mujeres, otras solo capturan el hecho específico de un asesinato por razones de género.
El problema no es solo la cantidad, sino cómo se cuentan y cómo se explican. No basta con sumar casos: es necesario esclarecer cuándo se trata de feminicidios y analizar los contextos para prevenir y responder con eficacia. Sin esa claridad, la política pública queda prácticamente a ciegas.
Otro reto crucial es el cultural. La Ley contemplaba llevar la perspectiva de género a las aulas, desde el preescolar hasta el bachillerato, para desmontar creencias que alimentan el machismo y la violencia. Diez años después, esa parte ha sido prácticamente ignorada. La educación sexual sigue reducida a lo biológico, sin hablar de equidad, derechos o relaciones sanas. Sin cambios en la cultura, las leyes por sí solas no transforman realidades.
Los medios de comunicación, por su parte, han avanzado lentamente. Aunque algunos han adoptado un enfoque de género más responsable, todavía abundan titulares que reducen los feminicidios a “crímenes pasionales”, invisibilizando las relaciones de poder y desigualdad que los sostienen. Cada vez que un medio recurre al morbo o a la trivialización, contribuye a la revictimización y a la normalización del horror.
El aislamiento que sufren muchas mujeres en contextos de violencia es otro factor crítico. Las redes de apoyo comunitarias y familiares son, en muchos casos, la primera y única línea de defensa. Acompañar, escuchar y estar presentes puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, incluso la tecnología ofrece botones de pánico y alertas de emergencia que deben ser fortalecidos y difundidos.
El feminicidio no es solo un crimen individual: es la expresión más extrema de una cultura que sigue creyendo que el cuerpo, la vida y las decisiones de las mujeres pueden ser controlados. Combatirlo exige instituciones más fuertes, medios responsables, educación transformadora y comunidades comprometidas con el cambio cultural. Diez años después de la Ley Rosa Elvira Cely, la pregunta no es si tenemos una norma adecuada, sino si como sociedad estamos dispuestos a cumplirla y a convertirla en una herramienta real de protección y convivencia.
El feminicidio no se combate únicamente con condenas: se previene desmontando la cultura que lo permite.
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