La participación de Iván Cepeda en una segunda consulta presidencial no es un simple episodio anecdótico ni un “vacío normativo”, como algunos han intentado presentarlo. Es, en realidad, una violación abierta del régimen jurídico de las consultas y una nueva demostración de una conducta reiterada: la izquierda colombiana solo respeta la ley cuando le sirve.
El ordenamiento jurídico es claro. La consulta popular, que está regulada por la Constitución, la Ley 1475 de 2011 y la Ley 1757 de 2015, no es un mecanismo ornamental ni una pasarela política. Es un instrumento democrático con reglas estrictas, diseñado para garantizar igualdad, transparencia y lealtad con el electorado. Participar en una consulta implica someterse a sus resultados y agotar una oportunidad política, no abrir la puerta a una segunda ronda por conveniencia estratégica.
La anunciada participación de Iván Cepeda en una nueva consulta presidencial desnaturaliza por completo el mecanismo. No solo rompe el principio de igualdad frente a otros aspirantes que sí respetaron las reglas, sino que convierte la consulta en un instrumento manipulable, donde las normas se acomodan al candidato y no al revés. Cuando esto ocurre, no estamos ante una irregularidad menor, sino frente a una fractura directa del principio de legalidad electoral.
Lo más grave no es el hecho aislado, sino el patrón que revela. La izquierda ha hecho de la institucionalidad un uso instrumental: las instituciones fueron el vehículo que les permitió llegar al poder, pero hoy se han convertido en el obstáculo que pretenden rodear, presionar o reinterpretar para mantenerse en él. Cuando las reglas favorecen su causa, son “expresiones de la voluntad popular”; cuando la limitan, pasan a ser “formalismos burgueses” o “trabas antidemocráticas”.
Este comportamiento no es nuevo. Se repite en el manejo de la financiación política, en el desconocimiento de los resultados de las consultas, en la presión sobre las autoridades electorales y en la narrativa constante de victimización frente a las mismas instituciones que los legitimaron. La ley no se reforma: se burla. No se cumple: se estira hasta que deje de servir.
La democracia no se erosiona solo con golpes de Estado. También se debilita cuando quienes gobiernan normalizan la excepción, cuando convierten el incumplimiento en estrategia y cuando transmiten el mensaje de que el poder justifica cualquier atajo. En ese contexto, la participación irregular en una segunda consulta presidencial no es un error técnico: es un síntoma de desprecio por las reglas del juego democrático.
Colombia no puede aceptar que la ley sea optativa ni que los mecanismos de participación ciudadana se conviertan en fichas reutilizables para los mismos actores. La democracia no sobrevive si quienes gobiernan creen que la institucionalidad es válida solo cuando no les estorba. Y hoy, una vez más, la izquierda demuestra que su problema no es la falta de poder, sino su incapacidad para ejercerlo dentro de los límites que impone la ley.
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