El pasado viernes, la Contraloría General de la República expidió el fallo de 2ª instancia para condenar a 26 personas por el siniestro en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Múltiples expertos se han pronunciado señalando las deficiencias e imprecisiones de este proceso, lo que ha confirmado las sospechas sobre el tinte de persecución política que lo ha caracterizado desde el principio.
Lo primero que debe dejarse claro es que en Hidroituango no hubo corrupción: en su fallo de responsabilidad la Contraloría no encontró ni un mínimo indicio de corrupción o dolo, situación que el propio Vice Contralor reiteró en una entrevista el 7 de septiembre. Sin embargo, políticos como el alcalde Quintero, han tratado de insinuar corrupción en el manejo del proyecto, aun cuando sabe que en las casi 3.000 páginas no aparece la palabra robo o corrupción.
La contingencia se produjo en abril de 2018, diez años después de que se tomaron las primeras decisiones para iniciar el proyecto, antes de esta no hubo observaciones de ninguna autoridad que advirtiera errores o irregularidades, y hasta la contingencia se estaba cumpliendo con el cronograma y el presupuesto (algo admirable en una obra de semejante magnitud). Durante la eventualidad, el túnel de desviación colapsó. La Contraloría no pudo probar que colapsó por defectos de construcción, materiales, interventoría, ni por cuestiones relacionadas con corrupción. En consecuencia, tampoco pudo obtener pruebas que le permitiera identificar claramente una persona o empresa que fuera responsable directa e inmediata. Entonces para su condena la Contraloría recurre al razonamiento absurdo de los “hechos sucesivos y concatenados” que, protagonizados por diversos actores desde 2008, condujeron al colapso de la GAD diez años después, convirtiendo en responsables a todos por igual.
Luego el fallo pide lo imposible a los servidores públicos: que supieran más que los técnicos expertos en construcción de megaproyectos de ingeniería. Para el Contralor las decisiones técnicas tomadas con base en las recomendaciones de los especialistas debieron ser ignoradas por los administradores. En palabras de Alonso Salazar, “la lógica de la Contraloría supone que, ese es mi caso, debí impedir que se ejecutaran decisiones tomadas por consenso por los expertos.”
La carencia de análisis rigurosos llevó a la Contraloría a la suposición de que todo era previsible y que se habría podido evitar con más planeación y estudios, ignorando el factor de incertidumbre y riesgo inherente a los megaproyectos de ingeniería. Quienes han manejado este tipo de obras han dicho reiteradamente que el diseño y los ajustes terminan el día que se baja el interruptor para ponerlos en operación.
Es tan claro que lo que ocurrió se trató de un hecho difícil de prever, que al otorgar cobertura, la aseguradora reconoció que el siniestro no obedeció a dolo o culpa grave. Si la Contraloría buscaba evitar un detrimento, ¿por qué no permitió que la aseguradora siguiera pagando y que el proyecto pudiese seguir su construcción sin contratiempos? Cabe resaltar que Hidroituango tiene tres pólizas tomadas con Mapfre que pueden ser reclamadas por los efectos generados por la contingencia y que suman cerca de 12 billones de pesos, lo que representa casi 3 veces el monto de la condena (4,3 billones).
Este fallo pone en riesgo la continuidad del cronograma del proyecto, y con ello, la estabilidad y viabilidad misma de este. El cambio de contratistas retrasaría la construcción por el empalme que debería hacerse entre los antiguos y los nuevos contratistas (que demoraría entre 6 meses y 1 año), lo que implica un riesgo de enormes proporciones en caso de que falle la estructura del vertedero, que fue diseñado para descargas ocasionales y no para el paso permanente del río.
Por otra parte, el fallo motivó la salida del Banco Interamericano de Desarrollo, que desde hace meses advirtió que dada la inestabilidad administrativa que ocasionaría que la megaobra no entrara en funcionamiento a mediados de 2022 ante un posible cambio de contratistas, se retirará del proyecto. El pasado miércoles se conoció que EPM tendrá que pagar de manera anticipada los 450 millones de dólares que ya le había desembolsado el BID y que no recibirá los otros 450 millones de dólares que este banco iba a invertir.
Adicionalmente, el gerente de EPM anunció que los recursos para pagarle anticipadamente al BID saldrían de la caja de la empresa, y señaló que la compañía adelanta un plan de desinversión de algunos de los activos que tiene, como UNE. ¿Entonces los Antioqueños tuvieron que vender UNE para poder pagarle al BID, y todo por la insensatez del contralor de condenar antes de que la obra entrara en funcionamiento? Cabe preguntarse si esta situación compromete las transferencias que cada año hace EPM al municipio de Medellín por más de 1 billón de pesos, y que resultan de vital importancia por su destinación a inversión social.
En este punto cabe preguntarle al Contralor Felipe Córdoba: ¿asume usted las consecuencias de su fallo? Los gremios, el presidente de la República, el gobernador de Antioquia, la bancada Antioqueña, los Decanos de las Facultades de Ingeniería de Antioquia y más se han pronunciado de manera vehemente rechazando las inconsistencias del actuar del contralor y advirtiendo sus nefastas consecuencias para el país.
Como relató la Silla Vacía, esta no es la primera vez que Felipe Córdoba persigue a Sergio Fajardo desde órganos de control con procesos cuestionables: En 2017, cuando era auditor y Fajardo candidato presidencial, emitió informes de Auditoría que dejaban mal parada la transparencia de Fajardo como gobernador de Antioquia, pero que se basaban en información imprecisa y tuvieron que ser rectificados. Además, otros funcionarios de la Contraloría que hicieron parte del proceso violaron sin reparo alguno la imparcialidad que les exige la ley. Resulta desconcertante e indignante que el señor Cristian Castro, quien iba a ser el ponente del fallo de segunda instancia, haya compartido imágenes a través de redes sociales burlándose de Fajardo por ser condenado por Hidroituango.
Finalmente, quiero aprovechar este espacio para manifestar mi solidaridad con Mauricio Pérez, María Eugenia Ramos, Sergio Fajardo, Rafael Nanclares, Federico Restrepo, Alonso Salazar y Alejandro Granda. Personas honestas, que viven de su trabajo y que sirvieron en lo público con altura, poniendo su inteligencia al servicio de su departamento y de su ciudad. Es infame la persecución a la que han sido sometidos por el Contralor en este proceso. Doy fe de sus calidades éticas, y estoy seguro de que ante jueces imparciales demostrarán la transparencia de sus actos y la arbitrariedad del contralor en su afán de joder a Fajardo y de hundir con él a quienes lo acompañaron.
