Durante los últimos cuatro años Colombia vivió atrapada en una paradoja. Nunca un gobierno había hablado tanto de desigualdad social, la de “los nadie”, y, sin embargo, pocas veces el país había dedicado tan poco tiempo a discutirla como problema estructural. El debate nacional terminó absorbido por una sucesión interminable de crisis ministeriales, escándalos de corrupción, confrontaciones institucionales, controversias constitucionales y la permanente hiperactividad política del presidente. Mientras el ruido ocupaba la conversación pública, el problema más importante de la sociedad colombiana permanecía intacto.
Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina y uno de los de mayor desigualdad entre los miembros de la OCDE. Aunque el coeficiente de Gini mejoró en los últimos años y la pobreza monetaria alcanzó su nivel más bajo desde que existen registros comparables, la estructura que produce esa desigualdad sigue prácticamente inalterada: brechas educativas, informalidad laboral, concentración de oportunidades y baja movilidad social.
Sería deshonesto negar que durante el gobierno Petro (@petrogustavo) disminuyeron la pobreza monetaria, la pobreza extrema y el índice de Gini. Pero también sería ingenuo confundir una mejora en indicadores distributivos con una transformación de las causas que reproducen la desigualdad. Reducir la pobreza no equivale, necesariamente, a construir una sociedad más igualitaria.
En ‘Teoría de la justicia’ (1971), John Rawls sostuvo que las desigualdades sólo son aceptables cuando mejoran efectivamente la situación de quienes menos tienen. La discusión no consiste únicamente en cuánto ingreso reciben hoy los hogares más pobres, sino en si las instituciones amplían de manera sostenible las oportunidades para que cada ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida. Esa sigue siendo la gran deuda de Colombia con su ciudadanía.
Paradójicamente, el gobierno que prometió combatir la desigualdad social terminó obligando a buena parte de la oposición, de los sectores independientes, de los medios de comunicación y de numerosos ciudadanos a concentrar sus energías en la defensa cotidiana de la institucionalidad. La discusión pública se desplazó desde las reformas estructurales hacia la vigilancia permanente del gobierno: la protección de la Constitución de 1991, el control político, la denuncia de la corrupción y la contención de impulsos personalistas del presidente. La desigualdad social dejó de ser el centro del debate para convertirse en un asunto secundario frente a la urgencia de preservar las reglas del juego democrático.
Ese riesgo no desaparece con el cambio de gobierno. El programa de Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) concentra buena parte de sus prioridades en la seguridad, el crecimiento económico, la reducción de impuestos, la autoridad del Estado y la lucha contra el crimen. Son objetivos legítimos dentro de una democracia. La pregunta es: ¿basta con crecer económicamente para disminuir la desigualdad social? La evidencia internacional sugiere que no. Los países que lograron reducirla de manera sostenida combinaron crecimiento económico con educación de calidad, movilidad social, instituciones sólidas, competencia económica y políticas deliberadas de igualdad de oportunidades. En el programa del nuevo gobierno, de “los nunca”, la disminución de la desigualdad social aparece más como una consecuencia esperada del crecimiento económico que como un objetivo explícito del plan de desarrollo.
Petro convirtió la desigualdad social en una bandera política, pero el país terminó discutiendo más sobre la gastritis del presidente que sobre el hambre de los niños en el pacífico. Abelardo puede convertir el orden y la seguridad en el nuevo centro de gravedad, mientras la desigualdad vuelve a quedar relegada.
Después de la elección presidencial, la discusión nacional no debería ser quién ocupa la Casa de Nariño. Debería ser cómo construir un país en el que el futuro de una persona dependa cada vez menos de la desigualdad con la que nació. Esa sigue siendo la conversación que Colombia continúa aplazando hace muchos años.
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