Hay frases que revelan más que un programa de gobierno completo. Cuando Abelardo de la Espriella afirmó que un hombre podía matar a una mujer “por amor”, no cometió un simple error de lenguaje ni tuvo un desafortunado lapsus. Expuso una visión del mundo profundamente peligrosa para las mujeres. Porque el amor no mata. La misoginia sí.
Décadas de investigación desde el feminismo, la criminología crítica, la salud pública y los estudios de género han demostrado que los feminicidios no ocurren por exceso de amor, sino por relaciones de poder, control, posesión y dominación. Las mujeres son asesinadas cuando deciden irse, cuando rompen el ciclo de violencia, cuando reclaman autonomía sobre sus vidas, sus cuerpos y sus hijos. Presentar estos crímenes como actos impulsados por el amor no solo minimiza la responsabilidad del agresor, sino que contribuye a una cultura que sigue buscando explicaciones románticas para la violencia machista.
Las mujeres hemos tenido que dar una lucha enorme para que el feminicidio deje de verse como un “crimen pasional”. Hemos tenido que explicar una y otra vez que los hombres no matan porque aman demasiado; matan porque creen que tienen derecho a controlar, castigar o decidir sobre la vida de las mujeres. Por eso resulta tan preocupante escuchar esas afirmaciones de alguien que aspira a dirigir el país. Porque las palabras importan. Y cuando provienen de un candidato presidencial, importan aún más.
Sin embargo, la preocupación no surge únicamente por una declaración desafortunada. Basta revisar el enfoque que tiene sobre las mujeres para entender que estamos frente a una visión profundamente conservadora que reduce nuestro papel a la maternidad, el cuidado y la familia tradicional.
Las mujeres aparecen mencionadas en su programa, sí. Pero aparecen principalmente como madres, cuidadoras y responsables de sostener el hogar. No hay una mirada amplia sobre las múltiples realidades que enfrentan las mujeres colombianas. No aparecen las mujeres jóvenes, ni las campesinas, ni las afrodescendientes. Tampoco las víctimas del conflicto armado ni aquellas que viven violencias específicas derivadas de las profundas desigualdades sociales y territoriales del país.
Es llamativo que quienes hablan constantemente de defender a la familia parezcan olvidar que las mujeres existen más allá de ella.
También resulta preocupante el silencio frente a los derechos sexuales y reproductivos. En un país donde las mujeres han librado luchas históricas para acceder a información, educación sexual y autonomía sobre sus cuerpos, la ausencia de propuestas concretas en esta materia no es un detalle menor. Es una postura política.
Colombia ha avanzado en los últimos años en el reconocimiento de derechos que antes parecían imposibles. La interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de distintas formas de familia no fueron regalos de ningún gobierno. Fueron conquistas ciudadanas respaldadas por la Constitución y por años de movilización social.
Por eso generan preocupación las posiciones que tanto Abelardo de la Espriella como su fórmula vicepresidencial han expresado frente al aborto y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Probablemente no puedan eliminar derechos ya reconocidos por las altas cortes, pero sí pueden hacer algo igual de efectivo: convertirlos en una prioridad secundaria, dificultar su implementación, restringir recursos o promover funcionarios que se opongan a su garantía. Los derechos también pueden perderse lentamente.
Lo mismo ocurre con la ausencia de referencias a la población LGBTIQ+ dentro de su propuesta. En un país donde las personas diversas siguen enfrentando discriminación, violencia y barreras institucionales, el silencio no es neutral. Cuando un sector social desaparece de un programa de gobierno, el mensaje es claro: sus necesidades no son una prioridad.
La preocupación se extiende además a la propuesta de seguridad basada nuevamente en la mano dura. Colombia ya conoce los costos de creer que todos los problemas se solucionan con más fuerza, más militarización y más gasto en defensa. Las mujeres han sido víctimas directas de la guerra y han cargado durante décadas con sus consecuencias. Ignorar la implementación de los acuerdos de paz y privilegiar respuestas exclusivamente militares significa desconocer los impactos diferenciados que el conflicto armado ha tenido sobre ellas.
Tampoco es menor la intención de debilitar la relación de Colombia con organismos internacionales de derechos humanos. Han sido precisamente esos mecanismos los que han permitido visibilizar violencias, exigir garantías y acompañar luchas históricas por la igualdad. Muchos de los avances alcanzados por las mujeres en participación política, prevención de violencias y reconocimiento de derechos han contado con ese respaldo internacional.
Algunos dirán que estas preocupaciones son exageradas. Que nada de esto significa una amenaza real. Que son simples diferencias ideológicas. Pero las mujeres sabemos leer las señales. Sabemos que los retrocesos no siempre empiezan con la eliminación inmediata de derechos. A veces comienzan cuando se justifican las violencias. Cuando se romantizan los feminicidios. Cuando se nos reduce nuevamente a roles tradicionales. Cuando nuestras luchas desaparecen de los programas de gobierno. Cuando la diversidad deja de existir en el discurso público.
Por eso este debate no es sobre izquierda o derecha. Ni siquiera es sobre un candidato en particular.Es sobre algo mucho más simple: si estamos dispuestos a entregar el futuro de millones de mujeres a un proyecto político que todavía no entiende que el amor no mata, que los feminicidios no tienen justificación y que los derechos conquistados no son favores que puedan ponerse a discusión cada cuatro años.
Porque hay momentos en los que la neutralidad deja de ser una opción y este es uno de ellos.
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