La constitución, además de ser la norma jurídica de mayor jerarquía de un Estado, suele representar acuerdos de los pueblos respecto a la justicia, el régimen de gobierno, los derechos y garantías y, en general, el modelo de sociedad en el que habitan según su construcción identitaria. La creación de la constitución responde a momentos históricos coyunturales y de enorme transformación o movilización social que desencadenan un cambio profundo del sistema político. Muchas veces, ese texto van quedando en la obsolescencia, y sus principios, conjunto de derechos o su diseño institucional no responde a la exigencia de los tiempos.

Colombia, a lo largo de su historia, ha atravesado por diferentes procesos constituyentes, el más reciente en 1991. La constitución centenaria y arcaica de 1886, sumada a la fatídica ola de violencia y agitación política de finales del siglo pasado, llevaron a los colombianos a construir una carta magna a la altura de los retos de aquel momento. El valor de dicho texto responde, en parte, a la acción colectiva de ciudadanos que configuraron una asamblea constituyente diversa, rica en su composición, representada por todos los estamentos de la sociedad y cuyos dignatarios, en su inmensa mayoría, gozaban de calidades técnicas y humanas que se tradujeron en un texto de profundo valor jurídico y político.

La constitución de 1991 significó una ventana a la modernidad para Colombia, la abrió al mundo, reforzó su estructura institucional, la dotó de un amplio catálogo de derechos y la convirtió en un Estado unitario, centralista, laico y pluralista. Entre muchas otras cosas, esa carta magna incorporó el amparo de derechos fundamentales a través de la tutela, la separación clara de poderes, la independencia de la banca central, un tribunal constitucional robusto y autónomo, entre otras.

La constitución colombiana, que se precia de ser una de las más liberales y garantistas del continente, en sus poco más de 30 años de entrada en vigor, ha provocado vastas y trascendentales transformaciones en la vida republicana. Sin embargo, no han faltado las iniciativas para destruirla o introducirle modificaciones que la harían irreconocible en su esencia. Por lo general, dichas pretensiones han estado presentes en todos los gobiernos que, sin excepción, han buscado eludir los controles para insertar modificaciones convenientes a sus fines.

La más reciente propuesta para derogar nuestra joven constitución y embarcarse en la redacción de una nueva provino del presidente Gustavo Petro. El pasado viernes, en medio de una manifestación pública en Cali, el primer mandatario puso sobre la mesa la posibilidad de que desde el ejecutivo se impulse un proceso constituyente. No pretendo centrarme en la imposibilidad fáctica de lograrlo por temas de tiempo y respaldos políticos con los que no cuenta el presidente; esta es, en cambio, una crítica a la delirante idea de abrir esa caja de Pandora que puede ser fuente de más males de los que pretende curar, siendo absurda esa idea de eliminar una constitución cuyos resultados son tangibles para someterse a la incertidumbre de un nuevo proceso.

Gustavo Petro parece querer medir sus fuerzas, que cree mantener a pesar de que todos los sondeos de opinión demuestran lo contrario, para plasmar en el nuevo texto las reformas que hasta ahora no han tenido éxito en el trámite legislativo debido a sus inconvenientes sustanciales. El error de cálculo radica en que su mermada popularidad, en el remoto escenario de que se convoque a dicha asamblea, daría mayorías a sus opositores, algunos de ellos los sectores de extrema derecha que han sido fanáticos perseguidores de las libertades colectivas e individuales. Esa distopía que de a poco se ha vuelto realidad con el auge de los populismos de derecha y la crisis de la democracia liberal, fácilmente se vería plasmada en un nuevo texto constitucional en el que muchos derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales desaparecerían de tajo. La salvaguarda de la constitución no está solo en manos de los poderes del Estado, es también menester de todos los ciudadanos velar por la integridad de esa norma de normas.

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