En el vasto desierto de la política colombiana, Claudia López emergió como un espejismo prometedor de transparencia y renovación. Pero tras su Alcaldía, nos enfrentamos a un pantano de corrupción, incoherencia y politiquería barata, un amargo reflejo de las esperanzas traicionadas en una Bogotá que aún cicatriza las heridas de administraciones pasadas.

El 8 de mayo, la exalcaldesa Claudia López fue citada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema para responder por la presunta corrupción en los contratos de la Primera Línea del Metro de Bogotá y la financiación ilegal de la campaña de su esposa, la senadora Angélica Lozano. Los delitos investigados incluyen cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. Las grabaciones interceptadas revelan un esquema sombrío de transferencias de aproximadamente 12.000 millones de pesos desde empresas chinas a funcionarios de su gobierno. Estos fondos habrían financiado campañas políticas del Partido Verde y aseguraron contratos para la construcción del Metro​.

Pero los escándalos no se detienen ahí. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se encuentra envuelta en otro fárrago de corrupción. Un contrato de 41.300 millones de pesos para la operación de cementerios distritales destapó una cloaca de direccionamientos en la licitación. Las pruebas reveladas muestran a un contratista impartiendo instrucciones para eliminar competidores y asegurar la victoria de su favorecido. La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, no tuvo más opción que renunciar ante las constantes denuncias de irregularidades. No obstante, la Procuraduría General de la Nación dictaminó el 16 de marzo de 2020 la inhabilitación de Camacho por 12 años, por falsedad en documento público.

Como si fuera poco, durante la administración de López, las llamadas ambulancias adquiridas resultaron ser costosos furgones mal adaptados, comprados por más de 36.000 millones de pesos. Estos no sólo representan un grave detrimento patrimonial, sino también un peligro mortal al no cumplir con los estándares técnicos necesarios para operar, además de presentar serias inconsistencias en su sistema de identificación. Sorprendentemente, el fiscal a cargo del caso fue trasladado pocos días después de imputar a José Andrés Álvarez, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), por el delito de peculado.

Vemos, pues, el verdadero rostro de una administración que prometía, con sus discursos estrambóticos, cambiar la triste realidad que viven millones de bogotanos. Claudia López se convirtió en un símbolo de la misma politiquería barata que juró combatir. Los colombianos debemos juzgar con severidad a quienes, bajo la máscara de la renovación, perpetúan las viejas prácticas de esa politiquería camaleónica que tanto daño le ha hecho al país.

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