El progre es un especimen capaz de todo y su variante paisa no es la excepción, pues aunque clama a los cuatro vientos que siente que nació en la cultura equivocada, y que es paisa pero no ejerce porque somos unos trogloditas cerrados al mundo, ahora enarbola sin problema la bandera de la xenofobia y le achaca al auge internacional de la ciudad el alto precio de los arriendos. Es hasta similar a lo que hicieron los nazis con los judíos, pero no están preparados para esa conversación.

Y como para el progre el capitalismo es responsable de todo lo malo que sucede en sus vidas, además quiere intervenir el mercado y pide urgentemente el control de precios a los arriendos. ¡Que venga el papá Estado a salvarnos de las fallas del mercado! El problema es que en buena medida los altos precios de los alquileres se deben a la intervención del Estado en el mercado a través de las altas regulaciones del POT, o a que la Alcaldía tiene planes parciales como el de Nuevo Naranjal detenidos por la corrupción y complicidad con los constructores que han escogido para la obra.

La realidad es que en Medellín no se está construyendo vivienda y ahí radica el problema. Más que un aumento desbordado de la demanda, estamos enfrentando una caída dramática en la oferta. Como bien lo señala Mateo Castaño en el podcast “No Apto para Expertos”, las cifras de vivienda nueva de Medellín son ridículamente inferiores en comparación con los municipios vecinos y otras ciudades capitales.

El reto no está entonces en patear a los extranjeros (que mucho hacen por dinamizar la economía de todos los estratos) ni en regular los precios de los arriendos (que le quitarían el incentivo a invertir en vivienda y profundizaría la crisis). Está en que tenemos que buscar que se construya en la ciudad, incluso a pesar de la incertidumbre económica a la que nos lleva Petro.

Definitivamente para que eso suceda tenemos que hacer posible el traslado del Olaya Herrera para habilitar la construcción en altura. Eso sí, no se ha avanzado en el tema porque Quintero ha querido ligar el traslado al cambio de figura jurídica del aeropuerto, que lo habilitaría para hacer contratación con menos controles ¡Qué peligro!

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