Nuestros grandes empresarios, sean dueños de los principales grupos económicos o sus altos directivos, viven convencidos de que son lo mejor del país y la solución a casi todos nuestros problemas, y no también su causa, e, incluso, el problema mayor.
Parece una exageración, pero no lo es tanto. Los principales problemas de este país, no me cansaré de decirlo, son, en su orden: 1) la inequidad económica, política y social; 2) la corrupción; y 3) la polarización. En todos ellos tienen un alto grado de responsabilidad. Ah, y cuando uno cree que ya nada lo sorprenderá, aparece una mezquindad más de estos “intocables”.
Para sustentar mi afirmación, haré uso, más que de argumentos, de cinco hechos, ya que estos últimos son más irrebatibles y porque “cada cual puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos”.
Haré zoom en el empresariado antioqueño (ex GEA y Proantioquia), no porque crea que son peores, sino porque son sobre los que mis lectores y yo tenemos más contexto; porque son políticamente más correctos (o solapados); y porque, lamentablemente, han dejado perder muchas cosas buenas de los empresarios de antaño, que, sin ser apologista ni ingenuo frente al capitalismo, tenían más consciencia de que el crecimiento económico tenía que estar acompasado del bienestar social para que fuera sostenible.
He aquí, entonces, los hechos que enuncié, aclarando que podría citar muchos más y sustentar estos con más amplitud, pero por motivos de espacio no me es posible hacerlo.
1. Carteles empresariales, corrupción y criminalidad. Si bien hay empresarios honorables, la mayoría hicieron sus fortunas “haciendo harina a los demás”. Han violado las leyes explícitas e implícitas del mercado, aniquilando la competencia a través de carteles empresariales (del cemento, del azúcar, de los cuadernos, de los pañales, de la seguridad, etc.), como consta en la Superintendencia de Industria y Comercio, con fallos y sanciones ejecutadas y ya pagadas. También están documentados en investigaciones y libros como La rosca nostra de Nathan Jaccard.
No contentos con ello, en casi todos los escándalos de corrupción y carruseles de la contratación del país hay un grupo empresarial incluido (de ello también hay suficiente cibergrafía). Y, lo más lamentable aún, es que se han aliado con grupos criminales para lograr sus propósitos económicos y políticos. Así como hubo parapolítica, hubo paraeconomía y paraempresarismo, como está comprobado con fallos adversos en últimas instancias, entre ellos los de Argos en Montes de María o los de Chiquita Brands en Urabá, que, aunque no es empresa colombiana, opera en el país. Como esta, otras bananeras colombianas promovieron, apoyaron y financiaron a grupos armados, que han teñido de sangre al país.
2. Inequidad económica humillante. Según el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en el mundo según la distribución del ingreso y el consumo, con datos que provee la Plataforma de Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial, Colombia se mantiene desde hace años entre los cinco países más inequitativos del mundo, es decir, con mayor concentración de la riqueza, que está en manos de pocas familias y grandes grupos económicos.
La sucesión de reformas tributarias regresivas (salvo la última), adjetivadas así porque los de menores ingresos pagan, porcentualmente, más impuestos que los de mayores ingresos, es una explicación. Pero hay muchas más, como que la mayoría de leyes con impacto económico en este país, suelen ser elaboradas por los grandes grupos empresariales en contubernio con sus políticos aliados o subordinados. En Colombia es claro que se “democratizan las pérdidas y se privatizan las utilidades”, y que cuando “el país pierde, gana la economía (léase los grandes empresarios), como decía con sorna el cínico de Fabio Echeverri Correa, expresidente de la ANDI, ya fallecido.
Estos niveles de inequidad se tornan humillantes y disfuncionales para una sociedad, y, a la larga, se traducen en violencia, porque cuando la meritocracia es mínima, la movilidad social solo termina siendo posible vía corrupción o delincuencia.
3. La defensa a ultranza e hipócrita de la honorabilidad de Álvaro Uribe y lo que representa. Una cosa es estar de acuerdo o no con el paramilitarismo, el narcotráfico y el narcoparamilitarismo (casi todo el paramilitarismo lo ha sido) y otra muy diferente negarlo. No veo sino tres posibilidades de refutar el vínculo de Uribe con estos tres flagelos: el fanatismo por este mesías, la ignorancia sobre su trayectoria y la conveniencia o convergencia de intereses. En el caso de los grandes empresarios antioqueños, no creo posible las dos primeras, por lo cual no puede ser sino la tercera. Por esta razón (conveniencia) y sin ninguna vergüenza, un día después de que la jueza Sandra Heredia hizo público el sentido del fallo condenatorio contra el expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, Proantioquia emitió un comunicado de solidaridad con el expresidente, cuyo tercer párrafo dice textualmente: “Reconocemos en el expresidente Uribe a un demócrata respetuoso de las instituciones, quien desde sus responsabilidades públicas trabajó de la mano de la sociedad civil para buscar soluciones a los grandes retos sociales del país”. Además de cínicos, hipócritas, porque ni el mismo Manuel Santiago Mejía, voz cantante de Proantioquia, y cabeza del grupo Corbeta (Alkosto, Ktronix y AKT Motos, entre otros negocios), que ha sido socio de Uribe, se lo cree. Él sí que sabe de su vida y milagros.
4. La oposición visceral y ruin al gobierno de Petro. Como quedó en evidencia en el pasado Congreso Empresarial Colombiano, realizado por la ANDI en agosto, y en la publicación “confidencial” JUNTOS que allí distribuyeron, nuestros grandes empresarios parecen estar más interesados en que a Petro le vaya mal que en que al país le vaya bien.
En una columna titulada Vaki electoral, que recomiendo, el columnista Pascual Gaviria, que no es petrista, como tampoco lo soy, retrata bien esta mezquina posición: “Entre sus posibles opciones hay candidatos menos comprometidos con las instituciones que Gustavo Petro. Lo que comprueba que es un movimiento marcado más con el signo ‘anti’ que con el signo ‘pro’”, pese a que en “la última encuesta de Opinión Industrial Conjunta, elaborada por la ANDI, publicada en mayo, dice que el 59,2 % de los encuestados consideró la situación de su empresa como buena. El promedio histórico está en 57,9 % ¿Entonces?”, se pregunta Pascual. La respuesta para mí es clara: les arde que Petro no se subordine a su poder económico ni los considere la prioridad en sus discursos y programa de gobierno.
5. Las apuestas políticas para el 2026. A finales del mes pasado, un grupo de más 100 empresarios, con antioqueños a la cabeza, y autodenominados “Colombianos comprometidos” le envío al precandidato Juan Carlos Pinzón una misiva encabezada con el título El deber lo llama, en la que le piden que se lance ya, porque, entre otras razones, “Colombia necesita un timón firme, recuperar la confianza en sus instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades reales para millones de familias”. Quieren algo así como un segundo Uribe, no importa a qué precio, con tal de que la mano sea firme, aunque el corazón sea avaro.
Los líderes de este apoyo son empresarios antioqueños, encabezados por el mismo Manuel Santiago Mejía que, como sabe, ha venido promoviendo la bukelización, inicialmente a través del vilmente asesinado Miguel Uribe Turbay. Aunque no lo dicen abiertamente, están convencidos de que el principal problema del país es la inseguridad y que esto se soluciona es con plomo o balín –la promesa de algunos candidatos–, de ahí que, como lo sugiere el mismo Pascual en la citada columna, estén dispuestos a apoyar desde una Claudia López hasta una Abelardo de la Espriella con tal de derrotar el petrismo, única propuesta concreta que tiene tan brillantes empresarios, pero tan deplorables ciudadanos. Ah, y por supuesto, que sea alguien sumiso frente a ellos y al emperadorcito de Trump, merecedor, según Uribe, de un Nobel de Paz.
Expliqué al inicio mis razones para hacer foco en los grandes empresarios de Antioquia, pero no son los únicos ni quizá los más mezquinos. Las historias empresariales de Julio Mario Santodomingo, Carlos Ardila Lülle, Luis Carlos Sarmiento, los Char, los Daes, los Gnecco (parientes de Vicky Dávila), los Nule, entre otros “grandes empresarios”, están plagadas de infamias, que eclipsan la dura labor de tantas mipymes que contra viento y marea han contribuido a fortalecer nuestro tejido empresarial y social.
Mi crítica, aunque ácida, no es personal. De hecho, conozco a algunos de esos empresarios y me resulta paradójico que personas de tan buen trato personal puedan llegar a ser tan viles como empresarios. Lamentablemente son muy pocos los que se sienten libres de estos pecados y puedan tirar la primera piedra. La mala noticia es que en una sociedad tan condescendiente con el capital como la nuestra, el poder económico seguirá subordinando al político. Consecuentemente, los grandes empresarios continuarán asumiéndose como los amos del país y querrán perpetuar su statu quo, celebrando que a la economía (su economía) le vaya bien a costa de que al país le vaya mal.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/pablo-munera/
