México está viviendo una escena que Colombia conoce demasiado bien: el día después de un gran golpe no se parece a la victoria, sino a una sacudida. La reciente caída de un jefe criminal de alto perfil (el “Mencho”, del CJNG) provocó bloqueos, ataques y una demostración de fuerza que se extendió por varias regiones, con un saldo de muertos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados. No es solo violencia: es un mensaje político. Es la forma en que una organización le recuerda al Estado —y a la sociedad— que su capacidad de perturbar la vida cotidiana sigue intacta.
Hay tres complicaciones en México que deberían verse con lupa porque no son episodios aislados; son síntomas de un problema estructural.
La primera es la trampa de la “decapitación”. Capturar o abatir a un gran líder puede producir aplausos inmediatos, pero también abre una pelea por la sucesión, fragmenta los mandos y multiplica los incentivos para probar quién manda. Colombia ya vivió esta película en los años de la guerra con grandes carteles: el golpe al “comando” no desarma necesariamente la red; a veces la hace más dispersa, más impredecible y más territorial.
La segunda complicación es institucional: cuando la respuesta se concentra en más presencia armada sin lograr construir controles civiles robustos, los resultados se vuelven más difusos. Colombia también aprendió que “seguridad” sin Estado (en su sentido integral) termina produciendo islas: zonas con fuerza pública, pero sin autoridad estatal efectiva; zonas con operativos, pero con mercados ilegales intactos.
La tercera complicación es más reciente, pero igual de peligrosa: el desorden informativo como multiplicador de la violencia. Tras los hechos, circularon oleadas de desinformación, amplificadas por bots e incluso por contenido generado o manipulado con IA, que promovieron el miedo, los rumores y las narrativas de ingobernabilidad. En Colombia, los violentos siempre han entendido el poder del relato: panfletos, rumores, listas, toques de queda informales. Cuando la conversación pública se llena de niebla informativa, los criminales ganan dos veces: infunden terror y descoordinan la respuesta institucional.
México está, en esencia, ante el mismo dilema que Colombia ha enfrentado durante décadas: ¿la seguridad es un pico de operativos o un proceso sostenido de construcción estatal? La ola de violencia tras un golpe grande lo deja claro: el adversario no es solo un grupo; es una forma de poder que aprendió a gobernar fragmentos de territorio, a administrar economías ilegales y a manipular el miedo.
Reportes oficiales en México registran descensos recientes en los homicidios en ciertos periodos. Hoy, el punto no es negar esos avances; es entender su fragilidad cuando la violencia está atada a reacomodos criminales, disputas territoriales y economías ilegales que siguen funcionando. Los homicidios pueden disminuir y, aun así, la extorsión, la desaparición, el control social y la gobernanza criminal pueden crecer. Colombia lo vivió con crudeza: cuando el delito se “ordena”, mata menos… pero manda más.
Colombia ofrece un espejo incómodo: se puede pasar años “ganando” operativos y aun así perder la disputa por la autoridad en barrios, corredores y mercados. Y también ofrece una esperanza: cuando se invierte en capacidades de investigación, de justicia, de control patrimonial, de depuración institucional y de presencia estatal integral, la violencia deja de ser el lenguaje dominante.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
