Hace casi tres años, el presidente Petro firmó la Resolución 138 de 2023 y abrió formalmente el espacio de conversaciones sociojurídicas con las estructuras armadas de crimen de alto impacto del Valle de Aburrá. La apuesta era clara: donde el control duro había fallado, el diálogo podría abrir una salida. Era una idea que merecía ser tomada en serio. Y que, precisamente por eso, merecía medirse con rigor.
El problema es que, a pocos meses del final del gobierno, hoy no hay evidencia pública suficiente para concluir que funcionó. Hoy no existe evidencia pública, verificable e independiente que permita determinar si la mesa redujo la violencia, desarticuló economías ilegales o transformó de alguna manera las condiciones de vida de quienes padecen a diario la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento en los barrios del Valle de Aburrá. Lo que predomina en el debate público son las declaraciones, más que los resultados verificables y comparables.
El piloto de reducción de la extorsión presentado en febrero de 2025 ilustra bien el problema. El Gobierno lo declaró un éxito. Lo extendió. Anunció su replicación. Pero el informe del propio equipo de observación –un esfuerzo honesto y riguroso– dejó en evidencia que no había una línea base establecida, que la temporalidad dificultó la recolección de información y que, durante el periodo del piloto, igualmente se registraron pagos adicionales bajo la excusa de “cuotas navideñas”. ¿En qué porcentaje bajó la extorsión? No se sabe con certeza. ¿Es sostenible la reducción? Tampoco. ¿Es replicable? La pregunta sigue abierta. Celebrar un éxito sin poder medirlo no es transparencia: es un acto de fe.
Y aquí está el nudo. Una política pública que no puede demostrar sus resultados no es solo ineficiente: es opaca. Y la opacidad, en un proceso que involucra a estructuras criminales responsables de homicidios, desapariciones y extorsión masiva, tiene un alto costo democrático. ¿Qué compromisos asumieron los participantes de la mesa? ¿Quién los verifica? ¿Qué pasa cuando no se cumplen? ¿Cuántos de los aproximadamente 12.000 integrantes de combos y bandas del Valle de Aburrá han dado pasos concretos hacia la legalidad? No es fácil encontrar respuestas públicas, sistemáticas y verificables a estas preguntas.
El gobierno que entre en agosto heredará este proceso –o lo que quede de él– sin un registro claro de lo ocurrido, sin métricas de partida ni de llegada, ni una hoja de ruta documentada. Eso no solo dificulta evaluar la gestión que termina. Dificulta especialmente aprender. Y en materia de seguridad urbana, aprender de lo que no funcionó es tan importante como replicar lo que sí funcionó.
La pregunta que debería quedar resonando no es si la mesa sociojurídica fue una buena idea. Es una pregunta más sencilla y más exigente: ¿por qué no sabemos si funcionó? En un país que lleva décadas buscando fórmulas para reducir la violencia urbana, administrar un proceso de esta magnitud sin datos verificables no constituye audacia. Es una oportunidad perdida.
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