Las fronteras no son solo líneas en un mapa: son el lugar donde el Estado se prueba a sí mismo. En esos márgenes del territorio se controlan los recursos, se garantizan derechos, se proveen servicios y se ejerce la soberanía. Las fronteras permiten comprender la cultura de un país, agrupar preferencias sociales y definir de manera autónoma la sociedad y el futuro que se desea construir. Entenderse como colombiano, venezolano o ecuatoriano no es solo una condición administrativa: es forjar identidad, pertenencia y un proyecto colectivo.
Las fronteras también dicen mucho sobre hasta dónde llega, en la práctica, el poder político y territorial de un Estado. En esos márgenes del país se cruzan intereses nacionales con dinámicas que no reconocen límites formales: comercio, migración, energía y economías que pueden ser legales o no. Por eso, las zonas fronterizas no son periferias irrelevantes, sino espacios estratégicos donde se conectan países, economías y sociedades.
Sin embargo, cuando el Estado les da la espalda a las fronteras y olvida su papel estratégico, estas dejan de ser puntos de integración y se convierten en territorios de nadie. Pero no se trata de espacios vacíos ni aislados del resto del país. Por el contrario, son territorios donde los desafíos se intensifican, se acumulan y se vuelven más complejos, precisamente por la ausencia sostenida de una presencia estatal efectiva. Los Estados, en lugar de abandonarlas, deberían repotencializar su valor geoestratégico.
Los retos son múltiples. Primero, en un país tan centralista como Colombia, la historia ha consolidado un centro político, administrativo y económico fuerte, con mayores capacidades institucionales y mejores oportunidades de desarrollo. En contraste, las periferias —y en particular las zonas fronterizas— suelen percibirse como espacios secundarios, marcados por rezagos históricos. Al margen del poderoso centro, se concentran problemas estructurales de pobreza, desempleo y escasas oportunidades productivas, lo que profundiza las brechas territoriales y debilita la cohesión nacional.
Segundo, en territorios que se conciben —y se viven— como olvidados por el Estado, se multiplican los factores que hacen a miles de personas especialmente vulnerables a la violencia. Cuando la precariedad es persistente y no existen horizontes de futuro creíbles, las organizaciones criminales encuentran condiciones propicias para reclutar, ejercer formas de “gobernanza criminal” y aprovechar los vacíos de poder institucional. Las fronteras se convierten así en corredores estratégicos para el tráfico de armas, el contrabando, la migración irregular y las economías ilícitas.
Tercero, cuando la criminalidad se instala activamente en las fronteras, las amenazas dejan de ser un asunto exclusivamente nacional y empiezan a desbordar a los Estados. La coordinación entre las agencias de seguridad y justicia se vuelve más difícil, y el control del territorio ya no depende solo de lo que haga un país, sino de lo que varios estén dispuestos a hacer al mismo tiempo. En la práctica, compartir inteligencia, coordinar capacidades tecnológicas y avanzar conjuntamente en la judicialización y el desmantelamiento de redes criminales debería ser la regla. Sin embargo, sigue siendo la excepción.
No es estratégico dar la espalda a las fronteras del país. Es un error que Colombia ha cometido de manera reiterada y cuyos costos se siguen acumulando. Hace décadas, perdíamos territorio frente a otros Estados; hoy perdemos el control ante el crimen organizado, que aprovecha las fronteras para desplazarse con relativa libertad. Pero en este contexto tampoco resulta estratégico que países vecinos utilicen presiones comerciales o políticas para forzar cambios en territorios que requieren intervenciones estructurales y coordinadas, no respuestas coyunturales ni presiones de corto plazo.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
