Una chica se monta a un taxi con un hombre que parece su pareja. El taxista tiene una intuición: ve a la mujer con cara de preocupación mientras escucha una conversación incomoda y al parecer violenta. Los pasajeros le piden que los conduzca a un lugar boscoso y allí, deciden finalizar el servicio. El taxista, ante su preocupación, decide llamar a las autoridades, presiente que la mujer está en peligro. Horas más tarde, la mujer aparece muerta en ese mismo lugar boscoso, asesinada por asfixia mecánica.

¿Cuál es el procedimiento ante una amenaza de feminicidio que vive una mujer?

Comúnmente, se les pide que hagan una denuncia ante la fiscalía; allí les recibirán el caso y ante el análisis de riesgo se entrega una orden de alejamiento, es decir, una fotocopia. En ésta se le manifiesta al agresor que no podrá acercarse a la mujer a menos de 200 metros. Con esta fotocopia, las autoridades y la víctima deben informar al comando de policía cercano a la vivienda sobre la medida. De esta manera, la mujer debe llamar a la policía cuando el agresor se acerque y se sienta en riesgo. Entonces, ¿qué tiene la mujer para protegerse ante una agresión donde está en riesgo su vida?: un documento y una posibilidad de llamada.

Esto fue lo que sucedió con Claudia Gómez, (y muchas otras mujeres víctimas de feminicidio). Ella, la hermana de Susana Boreal, actual congresista, fue asesinada por su esposo en el año 2017. Claudia, según los artículos que cuentan su historia, vivía múltiples violencias desde años atrás. No obstante, luego de una fuerte agresión, ella decide denunciarlo y le dan una fotocopia como mecanismo de protección; una semana más tarde, es asesinada a tiros en su vivienda.

Como Claudia, las mujeres que son víctimas de violencia física ya han pasado por violencias emocionales y psicológicas previamente, han estado sumergidas en un contexto que las ha minimizado, quitado toda su agencia y eliminado su poder.

No siendo suficiente, las mujeres víctimas de violencias también se ven enfrentadas a las violencias institucionales pues éstas, en primera instancia, no nos creen, nos tratan como locas y subvaloran nuestro riesgo, ya que no consideran que nuestra vida esté en peligro o no les importa si la perdemos. Luego de no creernos, nos dan una fotocopia como escudo, creen que el agresor y el violento harán caso ante un documento y este será suficiente para frenar los actos de agresión. Además, nos deja a merced de la policía, que normalmente no llega a tiempo ante una llamada.

Ahora bien, lo más grave ante el caso de Claudia Gómez es la posición de la Alcaldía de Medellín, pues la está culpabilizando de su muerte, manifestando que ella no hizo todo el procedimiento para salvaguardar su vida. ¿En serio?, según la Alcaldía ¿qué más debía hacer?

¿Cuál es el sistema de justicia que necesitamos y nos merecemos las mujeres?, ¿es una fotocopia la medida de protección que nos merecemos?, ¿cuántas más tienen que ser asesinadas para que se tomen medidas dignas y nos hagan investigaciones justas?, ¿cuántas fiscales, investigadoras y policías tienen perspectiva de género y pueden actuar con debida diligencia?

Nuestras vidas importan, y lo mínimo que debe hacer el Estado es garantizar nuestra protección, creernos cuando manifestamos que estamos en peligro, establecer una medida digna que minimice el riesgo, construir unidades de protección permanente para nosotras, fortalecer las entidades que realizan acompañamiento psicosocial y jurídico con perspectiva de género y obligar a que todos los funcionarios del Estado cuenten con formación en dicho enfoque. Además, es necesario diseñar medidas de acompañamiento frente al agresor, estableciendo límites claros ante las acciones violentas y el riesgo más inminente; sumado al acompañamiento a las mujeres de manera integral, garantizando no sólo su seguridad, sino también su autonomía relacional y económica.

Recuerden que tenemos el derecho a que el Estado actúe con debida diligencia, que tome las medidas y prevea los riesgos, que minimicen los factores que atentan contra la vida. Por esta razón, que la Alcaldía de Medellín asuma las consecuencias al no actuar con diligencia. A lo mejor esta puede ser una acción que ayude a las demás familias víctimas de feminicidio.

Los documentos no son medidas de protección para salvaguardar nuestras vidas, no sean irrespetuosos.

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