Don Pacho, como se le dice cariñosamente en el barrio en donde vive con su familia desde hace más de 20 años, es un típico antioqueño de hacha y machete, que a las 4 de la mañana está en tierra moliendo el maíz de las arepas, barriendo, trapeando y sacudiendo las paredes de su pequeña tienda de abarrotes en la Comuna 2 (Santa Cruz), un local contiguo a su casa, herencia de su padre que lo trajo muy niño a la ciudad, huyendo de la peste de la violencia que se tomó el Municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño. A las 7 en punto llego a las vitrinas de la entrada, y atisbándome del otro lado, sirve con desparpajo dos tintos en aguapanela.

“Los muchachos siempre han mandado por aquí; ellos vienen, cobran lo suyo y uno se acostumbra”, me dice, y continúa: “lo importante es que el barrio esté tranquilo, porque cuando la cosa se calienta, hay que pagar escondedero a peso”. Don Pacho vive con su señora y uno de sus nietos, hijo de un hijo suyo asesinado en alguna de las muchas pujas de poder por el control territorial que explotan periódicamente en esta zona de la Ciudad apartada de Dios y del Estado, y en la cual el rudimentario acueducto o la red de energía fue construida por la misma solidaridad de los vecinos.

La de Pacho es la historia de cientos de miles de medellinenses que, semana tras semana, deben destinar religiosamente una parte de sus ingresos para pagarle a los “muchachos” la vacuna. Si se trata de una casa de familia, la cuota es de 3 mil a 5 mil pesos; si es un local comercial, el tributo fluctúa entre los 30 y los 50 mil pesos. Las autoridades y distintos centros de investigación afirman que la cifra de familias y establecimientos comerciales sometidos a extorsión en Medellín asciende a más de 150 mil casos. Pero no sólo llama la atención la alta tasa de prevalencia de este delito. También debemos preguntarnos por qué menos del 1% de los afectados presentan denuncia ante las autoridades.

Y esto no podremos comprenderlo si entendemos la extorsión en Medellín reduciéndola a un mero tipo penal o a la afectación del patrimonio económico de una persona natural o jurídica. Es necesario inteligir sobre todo el contexto histórico, sociológico y psicológico en el que surge este fenómeno, las condiciones de su perdurabilidad en el tiempo y la cada vez más acelerada incidencia en otros territorios de la ciudad.

Así pues, cuando levantamos el velo y miramos adentro de la extorsión en Medellín, lo que sale a la luz es la lucha de poderes alternativos de facto, que por medio del control territorial ejercen monopolio sobre las rentas legales e ilegales de una determinada comunidad. Los poderes fácticos, ante la ausencia de Estado, se instituyen ellos mismos como Estado. Esta conquista, que sólo puede ser lograda por medio de la violencia armada, es mantenida en virtud de la soberanía criminal, al margen de la Institucionalidad o en colusión con esta, y totalmente sustraída al control democrático.

La extorsión, por tanto, o la vacuna, sería el tributo que los ciudadanos deben pagar al Estado fáctico que gobierna su territorio. La violencia armada y la soberanía criminal se apuntalan, con el tiempo, en la legitimidad social que las comunidades terminan entregando a estos poderes fácticos. Y es que dicha legitimidad surge sin mayor dificultad si tenemos en cuenta que los actores armados no son entes abstractos, sino que alrededor de ellos se teje toda una red de afectos, pues son padres, esposos, hijos, hermanos, es decir, miembros orgánicos de la misma comunidad. “Uno los conoce desde niños, cuando jugaban pelota en la calle o andaban con sus primeras noviecitas”, dice don Pacho en tono compasivo y benevolente. He ahí una de las razones por las cuales, pese a los miles de casos de extorsión, las tasas de denuncia son marginales.

Las autoridades afirman que, por concepto de extorsión, estructuras criminales como los Triana, los Pachenca, la Terraza o el Pesebre, sólo por nombrar algunas, reciben al año más de 100.000 millones de pesos. ¿Qué puede hacer la Institucionalidad frente a un fenómeno que parece desbordarla? Tal vez aquello que no ha hecho durante décadas: ejercer autoridad, generar orden y seguridad, brindar justicia, educación, cultura y oportunidades de empleo para los jóvenes que buscan construir otro proyecto de vida, pero a quienes finalmente no les queda más opción que convertirse en gatilleros.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/julian-vasquez/