En la ciudad de Cúcuta la profesora Magaly fue amenazada por los actores armados que hacían presencia en el sector donde trabajaba. Las razones que la convirtieron en objetivo militar, fueron la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y el rechazo categórico de las ventas de sustancias psicoactivas en los alrededores de la escuela.

Magaly recuerda que una mañana un estudiante del grado noveno le entregó una hoja con un mensaje amenazante, que según declara la maestra no la escribió el joven, dejando claro que fue instrumentalizado por los actores armados con el objetivo amedrentarla. En el mensaje le advertían que si no se quedaba callada frente a la venta y distribución de los ilícitos, iba a tener consecuencias. La maestra aterrorizada, activó el protocolo de atención a educadores en situación de amenaza, según lo dispone el decreto 1782 de 2013.  Sin embargo, los hechos fueron subestimados. Sin mayor acompañamiento, decidió continuar sus labores pedagógicas sin callarse lo que pensaba, con la convicción de que nada de lo que hacía estaba mal. Posterior a la intimidación, la maestra en compañía de otros colegas realizó una serie de campañas de prevención y atención a los hechos violentos, que con mayor intensidad se presentaban en su comunidad educativa. La docente estaba segura de que dichas intervenciones permitirían que la escuela cumpliera con su labor principal: ser un entorno protector para sus estudiantes.

Un día, la maestra fue víctima de un atentado a pocas cuadras de su institución educativa. Dos sujetos en una motocicleta se le cruzaron en el camino y sin mediar palabra, le dispararon en cuatro oportunidades. La profesora Magaly cayó al suelo y los bandidos emprendieron su huida. La comunidad educativa: padres de familia, estudiantes y maestros, socorrieron a la docente llevándola al centro médico más cercano, en el cual, después de múltiples intervenciones quirúrgicas, le salvaron la vida.

Como el caso de la maestra Magaly, se han documentado por parte de la Defensoría del Pueblo, más de 1.117 maestros amenazados en el país. Dichas amenazas en las zonas urbanas, principalmente, son producidas por intimidaciones de padres de familia, estudiantes u organizaciones armadas dedicadas al microtráfico, y en las zonas rurales, las amenazas provienen de las guerrillas y de los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC. De acuerdo con los casos de amenazas contra docentes que han sido evaluados por la Unidad Nacional de Protección, a finales del 2024, los departamento con mayores solicitudes de protección fueron Antioquia (129 casos), Bogotá (123), Valle del Cauca (94), córdoba (90) y Nariño (88).

El panorama no es alentador para iniciar el calendario escolar 2025 en las escuelas públicas del país. El 71% de los municipios están amenazados por la presencia de grupos armados, es decir, 790 de los 1.104 municipios del país tienen presencia de estos grupos, según lo informó la Defensoría del Pueblo. Entre los departamentos más afectados se encuentran: Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, y subregiones como Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño y el Catatumbo.

Por estos días, las escuelas del Catatumbo, y con ellas sus maestros, retumban como campanas ante las injusticias producto de la guerra; crueldad que no tiene excusa, porque es el más dañino de los males y al mismo tiempo el que más podría ser evitado.

Los maestros que hemos vivido de primera mano el miedo que produce ejercer la labor más bella del mundo, en los territorios mediados por el conflicto armado, hacemos un llamado a respetar los derechos humanos, y a reconocer en medio de la barbarie de la guerra,  la escuela como un espacio destinado para la vida y por esta razón no debe parar.

La escuela es un entorno protector, allí los NNA pueden generar relaciones duraderas y desplegar capacidades. Sus maestros, no son guerreros, ni mártires que esperan el momento adecuado para dar la vida por la causa. Aunque es sabido, que un profesor de escuela indignado por las injusticias que sufre su comunidad, privilegia el bienestar de sus estudiantes inclusive a costa de su integridad.   Cuando se atenta contra la vida de un maestro, dicho acto violento no solo extermina el derecho del afectado, sino que elimina la posibilidad de un mundo mejor.

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