En este ciclo electoral, la política colombiana ha entrado en una peligrosa espiral de decisiones populistas que buscan réditos inmediatos, pero que podrían hipotecar el futuro económico del país. Medidas como el aumento desproporcionado del salario mínimo, la reducción del precio de la gasolina y ahora el recorte del salario de los congresistas no solo llaman la atención mediática, sino que esconden un problema estructural más profundo: un modelo de gobierno que improvisa antes que planear con seriedad.
Empecemos por el primer gran anuncio: el incremento del salario mínimo en casi 24% para 2026, el más alto en décadas. Aunque en teoría un aumento salarial puede parecer beneficioso para los trabajadores, su magnitud y sincronía con un panorama fiscal débil resultan preocupantes. Esta alza del salario mínimo a 2.000.000 pesos mensuales, supera el crecimiento real de la productividad y llega en un momento en el que la economía enfrenta incertidumbres claras.
Otro anuncio que no puede leerse aislado del calendario electoral es la supuesta reducción en el precio de la gasolina. El Gobierno presenta esta medida como un alivio para los hogares, pero omite un contexto fundamental: fue esta misma administración la que ejecutó los aumentos más fuertes en el precio del combustible en la historia reciente, bajo el argumento de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Durante más de dos años, los colombianos asumieron incrementos mensuales que elevaron el galón de gasolina a niveles récord. Ahora, en plena campaña, se anuncia una disminución que en la práctica no corrige el impacto acumulado, sino que intenta maquillar una política que ya trasladó el mayor costo a ciudadanos y sectores productivos. No se trata de una reforma estructural del sistema de precios ni de una solución fiscal de fondo, sino de un ajuste oportunista que busca aliviar el malestar social generado por decisiones previas del propio Gobierno. Reducir unos pesos hoy, después de haber subido miles ayer, no es política pública responsable: es cálculo electoral.
Y como si esto fuera poco, el Gobierno ha anunciado una medida populista adicional: la reducción del salario de los congresistas, principalmente eliminando la prima de servicios especiales. Aunque esto es absolutamente justo en el discurso y en la práctica, la pregunta que vale la pena hacerse es: ¿por qué el gobierno no lo hizo antes?durante este periodo legislativo se presentaron por varios congresistas distintas propuestas encaminadas a este fin, ninguna tuvo éxito, ahora al gobierno, a siete messes de su salida, si le parece una gran idea. No nos digamos mentiras, esto no es más que una jugada política para presionar a los opositores en un momento clave de la agenda legislativa.
Lo que une estas decisiones es que todas parecen responder a incentivos de corto plazo, no a soluciones estructurales para fortalecer la economía del país.
Mientras se multiplican los anuncios de corte electorero, que buscan sostener un proyecto político de izquierda que ha demostrado su incapacidad técnica para gobernar, hay un elemento que no podemos ignorar: el creciente nivel de endeudamiento público de Colombia, que alcanzó niveles históricos bajo esta administración.
Según informes recientes, en poco más de tres años el gobierno ha emitido más de 27.000 millones de dólares en bonos internacionales, lo que supera ampliamente las emisiones históricas de administraciones anteriores. Este endeudamiento récord no es un dato menor cuando se considera que se ha acompañado de un costo de financiamiento también muy alto. En 2025, los bonos colombianos a 10 años ofrecían rendimientos por encima del 13%, ubicando al país entre los que pagan las tasas más altas del mundo.
Es decir, el gobierno no solo se está endeudando más, sino que lo hace a precios más caros. Esto significa que el servicio de esa deuda (los intereses) se lleva una mayor porción de los recursos públicos, dejando menos espacio para inversión en salud, educación o infraestructura productiva.
Además, los datos indican que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central ha crecido de manera acelerada, llegando a representar cerca del 65 % del PIB, el nivel más alto en décadas. Esto no es un juego de cifras: detrás de cada punto porcentual hay ciudadanos que pagan impuestos y futuros compromisos que podrían limitar la capacidad de gobiernos futuros para responder a crisis económicas.
Estos cuatro años también han estado marcados por una percepción creciente de que la administración ha actuado más como activista ideológico que como gestor técnico de políticas públicas.
En un contexto así, es inevitable preguntarse: ¿estas decisiones buscan resolver problemas estructurales o consolidar una base electoral atrapada entre incentivos inmediatos y falta de visión a largo plazo?
Colombia se encuentra en un momento decisivo. Más allá de la retórica de campaña, la sostenibilidad fiscal, la credibilidad en los mercados y la calidad de vida de millones de ciudadanos dependen de decisiones responsables y bien fundamentadas.
Las medidas populistas pueden ser atractivas en el corto plazo, pero si no están acompañadas de políticas económicas sólidas y proyecciones realistas, corren el riesgo de dejar una factura que las generaciones futuras tendrán que pagar.
En estas próximas elecciones, no se trata solo de elegir líderes carismáticos, sino de optar por quienes demuestren compromiso con una agenda que promueva la prosperidad sostenible, la disciplina fiscal y la equidad real, no promesas efímeras.
La democracia se fortalece cuando los ciudadanos eligen con información, criterio y una visión de futuro. Hagamos que estas elecciones reflejen eso.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
