La semana pasada Nicolás Maduro volvió a declarar, con su habitual grandilocuencia, que el gas venezolano “está listo” para cruzar la frontera y abastecer a Colombia. El anuncio suena seductor en tiempos de apuro, pero basta indagar un poco para que la promesa se desmorone. El gasoducto Antonio Ricaurte, la única arteria que podría traer ese gas, lleva casi diez años oxidándose en el olvido. Reactivarlo cuesta cerca de 200 millones de dólares y demanda por lo menos dos años de obras serias. Nadie sabe quién pondría el dinero: ¿PDVSA, que apenas logra bombear petróleo para su propio consumo? ¿Ecopetrol, con sus accionistas mirando cada peso? ¿Un esquema binacional que aún no existe ni en borrador? Peor todavía: no hay contrato firmado, no hay precio acordado, no hay volumen definido, no hay ruta financiera. No hay nada.
En algún momento el ministro Ómar Andrés Camacho mencionó la cifra mágica de cinco dólares por millón de BTU. Sería maravilloso, pero no existe un solo estudio público, contrato o respaldo técnico que la sostenga. Para tener una referencia real basta mirar lo que Colombia ha pagado cuando de verdad ha tenido que importar gas licuado: entre quince y veintidós dólares por millón de BTU, según el susto del mercado global. Los gremios y varios exministros han sido contundentes: no hay evidencia técnica ni operativa de que Venezuela pueda hoy ofrecer gas más barato, en cantidad suficiente o con la mínima confiabilidad.
Por eso la discusión de fondo no es sobre Venezuela. Es sobre Colombia y sobre cómo, en menos de una década, pasamos de ser un país autosuficiente y exportador neto de gas a uno que en tres o cuatro años podría importar la mitad de lo que consume y en una década más del setenta por ciento. La respuesta no está en el subsuelo —donde todavía hay gas suficiente—, sino en las decisiones que se tomaron en los despachos.
El punto de quiebre tiene fecha exacta: enero de 2023, cuando la entonces ministra Irene Vélez anunció, con aire de victoria ideológica, que Colombia no firmaría más contratos nuevos de exploración de gas y petróleo. Esa frase desencadenó una secuencia tan predecible como implacable: sin exploración no hay descubrimientos, sin descubrimientos no se reponen las reservas que se consumen cada día, sin reservas de reemplazo la producción cae inevitablemente y, cuando la producción cae más rápido que la demanda, el déficit se cubre con importaciones caras y expuestas a todos los vaivenes del mundo.
Los gremios lo gritaron desde el primer día. Promigas advirtió el déficit estructural a partir de 2025-2026. Naturgas insistió en que la autosuficiencia solo se sostiene si se reactiva la exploración. La Asociación Colombiana de Petróleo calculó que las reservas actuales —seis o siete años de margen— se agotan más rápido si no se descubren nuevas. Y varios exministros recordaron lo obvio: el gas es hoy el respaldo térmico del sistema eléctrico; sin él, la luz también se dispara o simplemente se apaga.
Hoy, noviembre de 2025, el reloj corre en rojo. Reactivar la exploración y atraer inversión seria toma entre dos y tres años para ver resultados palpables; convertir un descubrimiento en producción demanda entre cinco y siete años más. Tenemos, en el mejor de los casos, seis o siete años de reservas si todo sale perfecto. Y nada está saliendo perfecto.
Si no se revierte ya la política de “no más exploración”, Colombia verá un aumento permanente y profundo del costo de la energía que golpeará a toda la economía sin excepción: las facturas de gas de los hogares y los precios de la electricidad subirán de manera sostenida; las industrias perderán competitividad porque el gas significa entre el 15 % y el 40 % de sus costos de producción en sectores tan importantes como cemento, acero, cerámica, vidrio, alimentos y fertilizantes; la inflación se alimentará año tras año por el encarecimiento de la producción y el transporte; el Estado recibirá menos ingresos fiscales y tendrá menos recursos para mantener los subsidios actuales. Hogares, empresas y Gobierno pagaremos todos un precio mucho más alto por la misma energía.
Colombia todavía tiene tiempo de evitarlo, pero el margen se achica cada día que pasa sin decisiones valientes. Apostar por un gasoducto roto o por mercados volátiles no es transición energética: es pobreza energética planificada. Retomar la exploración responsable, dar estabilidad regulatoria y atraer inversión privada es el único camino realista para que esa transición sea justa, ordenada y soberana.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
