Es un error recurrente en Colombia intentar leer el mapa del país a través de los prejuicios políticos. Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Gustavo Petro decidió mirar a Antioquia con un lente ideológico que terminó por frenar el desarrollo de todos. La mejor muestra de esta desconexión fue la tristemente célebre frase del presidente saliente, cuando justificó su desdén por la infraestructura asegurando que las vías de doble calzada en la región solo servían para conectar a «la población de El Poblado, en Medellín, y Rionegro, donde quedan sus fincas». Esa visión, equivocada y estrecha, dejó sin oxígeno financiero a obras que el país entero necesitaba con urgencia.
El caso más evidente de esta miopía es el Túnel del Toyo. Esta megaobra, pensada para acercar el centro de Colombia al mar, no se detuvo gracias a la responsabilidad y el compromiso institucional de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Las administraciones locales pusieron los recursos, la planeación y el trabajo, logrando abrir a pulso un socavón de diez kilómetros a pesar de que el gobierno nacional frenó en seco el dinero para las vías de acceso. Hoy tenemos una obra de ingeniería admirable, casi terminada, que amenaza con no llevar a ninguna parte simplemente porque el gobierno Petro decidió sentarse sobre los recursos y no cumplir con su parte del trato.
Ese túnel incompleto es la ruta natural hacia Puerto Antioquia, en el golfo de Urabá. Resulta incomprensible cómo un gobierno que construyó su relato hablando de las regiones apartadas le dio la espalda a un proyecto en una zona que ha sufrido de frente el rigor de nuestra historia de violencia. Puerto Antioquia es la puerta logística de Colombia hacia el mundo. Y, sin embargo, la terminal portuaria avanza hoy impulsada por el empuje de la gente de la región y la empresa privada, enfrentando la inexplicable orfandad del centralismo.
Pero el abandono no se limitó al corredor del mar. Hubo un freno generalizado a los grandes circuitos viales, fundamentales para la competitividad de la nación. Proyectos vitales como la culminación de los tramos pendientes de las Autopistas de Pacifico I y II o la segunda calzada de la vía a Oriente, quedaron atrapados en un limbo presupuestal. Mientras los ministerios engordaban su burocracia, las carreteras que conectan los centros productivos del interior con los mercados de exportación sufrieron una parálisis injustificable.
En el espacio urbano, la lógica del desdén fue idéntica. El Metro de la 80, una línea indispensable para mejorarle la calidad de vida a cerca de un millón de personas en el occidente de Medellín, se enredó en las demoras y caprichos del Ministerio de Hacienda. Al dilatar este proyecto por diferencias políticas, no se afectó a ninguna élite imaginaria, sino a los ciudadanos trabajadores que pierden horas valiosas de su día esperando transporte.
Sin embargo, el reclamo por lo que no se hizo no puede ser nuestro único horizonte. En apenas un mes, Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de la República, y el reto no consiste únicamente en ponerse al día con las deudas pendientes. Terminar el Toyo, conectar el puerto y destrabar la infraestructura son pasos urgentes, pero el fondo del asunto es mucho más profundo: se trata de volver a empujar pal mismo lado.
Colombia necesita recuperar, con urgencia, la capacidad de trabajar en equipo. El nuevo gobierno nacional y las administraciones locales deben volver a sentarse en la misma mesa, sin prevenciones, para estructurar y ejecutar de la mano los nuevos proyectos estratégicos que demandan los tiempos que vienen. Hay necesidades en movilidad, tecnología y transición energética esperando turno. Nuestro país, con una geografía tan compleja, no puede darse el lujo de estar dividido por simpatías partidistas. El centro y las regiones solo avanzan cuando deciden caminar juntos; cualquier otro camino es, simplemente, perder el tiempo.
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