Concentramos buena parte del debate en las elecciones presidenciales. Sin embargo, este próximo domingo enfrentamos una decisión igual de determinante y mucho menos comentada: la elección del Congreso de la República. En un sistema con separación de poderes, el presidente lidera el Ejecutivo, pero el Congreso define el marco legal y presupuestal que hace posible —o limita— cualquier programa de gobierno. La capacidad real de transformar el país no depende solo de quién gane la Presidencia, sino de quiénes ocupen las curules del Legislativo.
El Congreso colombiano es bicameral. El Senado, compuesto por 108 miembros elegidos a nivel nacional, tiene una mirada amplia sobre el país. Allí se debaten las grandes reformas estructurales, los actos legislativos que modifican la Constitución y las leyes que trazan el rumbo fiscal, económico y social de la Nación. También participa en la elección de altos dignatarios del Estado y en decisiones que inciden directamente en el equilibrio institucional.
La Cámara de Representantes, integrada por 188 miembros elegidos en los departamentos y circunscripciones especiales, mantiene una conexión directa con las regiones. Es el espacio donde llegan al debate nacional las necesidades del territorio: infraestructura, servicios públicos, desarrollo local y problemáticas sociales que nacen en una comunidad, pero requieren decisiones de alcance nacional. Ambas cámaras deben aprobar las leyes para que entren en vigencia y ambas intervienen en la discusión y aprobación del Presupuesto General de la Nación, que hoy supera los 500 billones de pesos. La intención es equilibrar una visión nacional con una representación territorial que actúe de manera complementaria.
Las decisiones del Congreso establecen reglas que afectan la vida cotidiana de todos: el sistema de impuestos, los límites al gasto público para evitar deudas insostenibles, la sostenibilidad de las pensiones, las normas laborales que regulan contratos y salarios, las políticas ambientales que protegen los recursos naturales y los criterios para invertir en carreteras, escuelas y hospitales. Esas reglas influyen en el crecimiento económico, en la estabilidad de las finanzas públicas y en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones.
Aun así, en las elecciones legislativas más de la mitad de los colombianos no participaron. En 2022, la abstención para el Congreso alcanzó el 51,25 %, según cifras oficiales de la Registraduría Nacional. Cuando una proporción tan alta del electorado se mantiene al margen, el peso de la representación se concentra en grupos políticos organizados —maquinarias tradicionales, coaliciones consolidadas o movimientos con estructuras fuertes.
El sistema electoral también influye en la forma como se configura el Congreso. En Colombia existen listas abiertas, donde el votante elige partido y candidato específico dentro de ese partido, y listas cerradas, donde se respalda únicamente la colectividad y el orden ya está definido. En las listas abiertas hay competencia interna intensa y campañas personalizadas; en las listas cerradas, el poder de decisión recae principalmente en las directivas partidistas. Estas reglas inciden en la financiación, en las alianzas y en el tipo de liderazgo que logra consolidarse.
Al observar esos incentivos se comprenden mejor algunas de las fallas más visibles del Congreso. El ausentismo y la falta de quórum en sesiones relevantes han debilitado la seriedad de ciertos debates legislativos. Las altas tasas de reelección —en algunos periodos superiores al 50 % en el Senado— muestran que la permanencia no siempre está asociada al desempeño técnico o a la productividad normativa, sino a estructuras electorales consolidadas. Persisten prácticas clientelistas vinculadas al manejo de recursos públicos y al intercambio de apoyos políticos. Se han presentado conflictos de interés mal gestionados y reformas estructurales tramitadas con modificaciones de último momento que reducen la deliberación técnica y la transparencia. A ello se suman investigaciones disciplinarias y penales contra algunos congresistas y una percepción recurrente de control político débil, donde las citaciones y debates no siempre se traducen en consecuencias concretas.
Estas fallas han deteriorado la confianza ciudadana y alimentado el escepticismo frente a la política. Sin embargo, la indiferencia no corrige el problema. Cuando el descontento se traduce en abstención, disminuye la posibilidad de renovación institucional y se refuerzan las dinámicas que se cuestionan.
Elegir Congreso exige un ejercicio juicioso. Implica revisar trayectorias, examinar la experiencia profesional y pública, analizar los proyectos de ley que se han impulsado, estudiar posiciones frente a reformas estructurales y evaluar la coherencia entre discurso y actuación. También supone verificar antecedentes disciplinarios, fuentes de financiación y alianzas políticas. No se trata de encontrar candidatos perfectos, sino de ejercer un mínimo de exigencia democrática acorde con la magnitud de las decisiones que estarán en sus manos.
Esta reflexión no pretende orientar el voto hacia nombres específicos, sino invitar a una participación consciente y preparada: que el voto no sea automático ni impulsivo, y que la abstención no se convierta en la respuesta frente a la desconfianza. Porque este próximo domingo no solo elegimos nombres en un tarjetón. Votar con información no garantiza un Congreso perfecto, pero sí eleva el estándar de la representación y aumenta la posibilidad de contar con servidores públicos más serios, más rigurosos y más responsable. En un país que enfrenta desafíos fiscales, sociales e institucionales profundos, esa decisión puede incidir de manera decisiva en el rumbo que tomemos en los próximos años.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
